El juez Humberto Otazú resolvió no hacer lugar a las reposiciones planteadas por las defensas de Fátima Violeta Ojeda González, Mariam Adelaida Ortiz Aquino y Pablo Matías Cabrera Irigoitia, procesados en la causa conocida como “mafia de los pagarés”.
Según el fallo, tanto la imputación como su admisión cumplieron con todos los parámetros legales y constitucionales.
El proceso continuará su curso ante el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Argumentos de las defensas no prosperaron
Las defensas argumentaron que la imputación admitida el 26 de marzo de 2025 violaba el debido proceso. Afirmaron que no reunía los requisitos del artículo 302, inciso 2° del Código Procesal Penal, ni lo establecido en la Acordada N.º 1631/2022.
Sin embargo, el juez Otazú fundamentó su decisión señalando que los imputados fueron debidamente identificados y los hechos que se les atribuyen están descritos de manera sucinta en el acta de imputación.
Además, citó doctrina procesal para reforzar que en la etapa preparatoria la imputación puede modificarse y afinarse, sin que ello implique una transgresión a las garantías del imputado.
Detalles de las imputaciones
Pablo Matías Cabrera Irigoitia, actuario judicial. Se le atribuyen los delitos de:
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Uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252), en calidad de coautor
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Producción inmediata de documentos públicos falsos (art. 250), como autor
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Complicidad en prevaricato (art. 305 inc. 1°), en concordancia con el art. 70 del Código Penal
Mariam Adelaida Ortiz Aquino, ujier. Se le imputa:
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Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (art. 250), como autora
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Complicidad en prevaricato (art. 305 inc. 1°), en calidad de cómplice
Fátima Violeta Ojeda González, abogada. Se le atribuye:
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Prevaricato (art. 305 inc. 1°), en calidad de instigadora
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Uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252), como coautora
Proceso sigue adelante
El magistrado concluyó que el acta fiscal cumple con los parámetros necesarios para ser admitida. Se estableció una teoría del caso incipiente y se justificó de manera racional el tiempo de investigación requerido.
Por lo tanto, el expediente fue elevado al Tribunal de Apelación para que continúe su tramitación. La decisión fortalece la posición del Ministerio Público en esta causa que apunta a una presunta red de falsificación y manipulación judicial.
¡Gracias por leer hasta el final!
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