Créditos de Carbono: Chaco Vivo impulsa una nueva era de sostenibilidad en el país

Chaco Vivo y el futuro del mercado de créditos de carbono

La reciente reglamentación de la Ley N° 7190/23 marca un antes y un después en el mercado de créditos de carbono en Paraguay. Esta normativa busca estructurar y transparentar un sector con gran potencial de inversión, abriendo oportunidades para el desarrollo de proyectos sostenibles.

En una entrevista exclusiva con ABC Negocios, el CEO de Chaco Vivo, Kiantar Betancourt, destacó la importancia de esta legislación para el país y explicó cómo su iniciativa pretende posicionarse en este mercado emergente.

CEO de Chaco Vivo, Kiantar Betancourt.

Chaco Vivo, un modelo de impacto ambiental y económico

El proyecto Chaco Vivo se presenta como una de las iniciativas más innovadoras en la valorización de los recursos naturales del país. Su enfoque se basa en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, conocido como REDD+.

Betancourt afirmó que el nuevo marco regulatorio permitirá que empresas del sector agroindustrial, energético y forestal generen créditos de carbono y los comercialicen en mercados nacionales e internacionales.

«Históricamente, el valor de la tierra se ha medido por su productividad en soja y ganadería. Hoy, el mercado de carbono nos permite abrir nuevas oportunidades», expresó.

Inversión extranjera y el potencial de Paraguay

El interés por el mercado de créditos de carbono en Paraguay no se limita a actores locales. Betancourt destacó que países como Taiwán, Alemania, Suiza y Australia están explorando opciones para invertir en estos proyectos.

«Taiwán ya ha mostrado interés en la compra de créditos de carbono de Paraguay, ya que tienen limitaciones territoriales, mientras que aquí disponemos de vastas tierras para desarrollar este tipo de iniciativas», señaló.

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, los precios de los créditos de carbono en el mercado voluntario oscilan entre US$ 5 y US$ 7 por tonelada de carbono, pero con la nueva regulación, podrían aumentar a US$ 15 o más, dependiendo de la calidad y certificación del proyecto.

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Un mercado en expansión con reglas claras

La implementación de la Ley N° 7190/23 ofrece seguridad jurídica y transparencia para las empresas interesadas en participar en este mercado. Betancourt considera que la regulación facilitará la confianza de los inversionistas y permitirá desarrollar proyectos con estándares internacionales.

«Para que este mercado crezca, es clave garantizar la certificación y monitoreo adecuado de los créditos, evitando el greenwashing y asegurando que los proyectos realmente cumplan sus objetivos ambientales», explicó.


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