Altos funcionarios judiciales declinan comparecer ante el Congreso
El juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, Osmar Legal, comunicó su «imposibilidad legal» para asistir a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el marco de las investigaciones sobre el caso Eulalio «Lalo Gomes».
En una nota dirigida al Parlamento, Legal explicó que, tras consultar con la Presidencia del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, se le recomendó declinar la invitación, basándose en disposiciones constitucionales que impiden su comparecencia ante dicha comisión.
Argumentos constitucionales y legales
El magistrado citó los artículos 192, 193, 195 y 248 de la Constitución Nacional, así como el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales, para fundamentar su decisión.
Estas disposiciones establecen la prohibición de que miembros del Poder Judicial sean citados o interpelados por el Congreso en asuntos jurisdiccionales.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, también remitió una nota a la Comisión Permanente, señalando «limitaciones constitucionales y materiales» que le impiden asistir a la convocatoria.
Aunque no lo expresó de manera directa, su comunicación sugiere que no se presentará ante la comisión.
Motivos de la citación
La Comisión Permanente del Congreso había aprobado, el 12 de febrero, invitar tanto al juez Legal como al fiscal Rolón para abordar temas relacionados con investigaciones judiciales en curso.
El objetivo era que los altos funcionarios explicaran los procedimientos seguidos en causas recientes que han generado controversia en el ámbito político y judicial.
Sin embargo, la postura de ambos se mantiene firme en cuanto a la inconstitucionalidad de su comparecencia en este tipo de instancias.
Reacciones y próximos pasos
La decisión de ambos funcionarios de no comparecer ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial.
Algunos legisladores consideran fundamental su participación para esclarecer ciertos hechos, mientras que otros respetan las limitaciones constitucionales esgrimidas.
Se espera que la Comisión Permanente evalúe alternativas para avanzar en la discusión de estos temas y definir posibles acciones a seguir en el marco legislativo.
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