El caso Alan Benítez: Uso indebido de su nombre en un fraude millonario
El Tribunal de Sentencia, compuesto por Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz y Lourdes Garcete, condenó el 11 de diciembre de 2024 a Carlos Eduardo Javier Monges Montiel a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena por tres años. Las condiciones incluyen la firma mensual en el juzgado y la prohibición de cambiar de domicilio o salir del país sin autorización judicial.
El fraude: ¿Cómo usaron el nombre de Alan Benítez?
El caso comenzó el 8 de marzo de 2022, cuando Monges solicitó un préstamo de 20,000 USD a la firma SDM Servicios y Mandatos S.A.. Para garantizar la operación, presentó documentos falsificados, incluyendo:
- Cheque a la vista de su cuenta personal en el Banco Río, con un supuesto endoso de Alan Max Benítez.
- Contrato de préstamo que lo designaba como codeudor solidario.
- Autorización falsa para acceder a los datos tributarios y financieros de Benítez.
Además, presentó un documento del Club Olimpia mencionando un supuesto préstamo previo de 457,000 USD entre el club y el futbolista.
Benítez denuncia el fraude
Alan Max Benítez fue uno de los primeros en testificar. En su declaración, negó haber autorizado la operación o firmado los documentos. Benítez enfatizó que no tenía ninguna relación con Monges que justificara el uso de sus datos.
Gladys Camila Galeano Ríos, esposa de Benítez, también confirmó que ninguno de los dos firmó los documentos, lo que afectó gravemente su tranquilidad.
El peritaje y la prueba clave
El perito calígrafo Carlos Hugo Rojas determinó que las firmas atribuidas a Alan Benítez en los documentos eran falsificadas. Este informe fue clave para confirmar la responsabilidad de Monges Montiel.
Defensa y conclusión del juicio
Durante su defensa, Monges alegó que los documentos eran parte de operaciones iniciadas en 2021. Sin embargo, no presentó pruebas sólidas que respaldaran su versión. El Ministerio Público, representado por Martín Morínigo, Elena Fiore y Giovanni Grisetti, refutó esta defensa y presentó pruebas contundentes para demostrar la intencionalidad dolosa de Monges.
El Tribunal concluyó que Monges actuó con intención dolosa, falsificando documentos y usándolos para obtener un beneficio económico. La sentencia de dos años de prisión fue suspendida por tres años, con condiciones.
Impacto y protección de datos personales
El caso pone en evidencia la importancia de proteger los datos personales en las operaciones financieras. El Tribunal resaltó cómo la falsificación de documentos compromete no solo a las instituciones financieras, sino también a la seguridad y privacidad de las personas.
