Increíble pero cierto: recusaciones ignoradas y decisiones a velocidad récord
El fiscal Aldo Cantero se encuentra otra vez expuesto. Su actuación en el caso de abuso sexual contra una niña de 11 años ha generado múltiples críticas y dudas. Cantero, quien asumió el caso el 9 de octubre de 2024, solicitó el sobreseimiento definitivo del acusado tan solo tres minutos después de vincularse al sistema judicial.
Los representantes de la víctima acusan al fiscal de actuar con una rapidez que desafía toda lógica y justicia.
Según la abogada Bettina Legal, quien representa a la querella, el proceso se ha visto plagado de irregularidades desde el principio. La defensa del acusado ha utilizado tácticas dilatorias, recusando a fiscales y peritos, lo que ha dificultado enormemente la investigación. Sin embargo, lo que más llama la atención es la sorprendente velocidad con la que el fiscal Cantero decidió el futuro de la causa.
El cuestionado sobreseimiento y las recusaciones ignoradas
La actuación del fiscal ha sido calificada como irregular desde distintos sectores. A pesar de las recusaciones en su contra, Cantero no solo asumió la causa, sino que en un tiempo récord presentó un requerimiento conclusivo de 20 páginas en el que pedía el sobreseimiento del procesado.
Este documento, que fue presentado tres minutos después de su vinculación, ha generado la sospecha de que Cantero tenía la intención de exonerar al acusado antes de revisar de forma adecuada la evidencia acumulada.
Entre los puntos más controversiales está la afirmación del fiscal de que no existen suficientes pruebas para sostener una acusación, a pesar de que el expediente del caso contiene más de 400 páginas. La querella ha argumentado que las pruebas son contundentes, incluyendo un relato creíble de la víctima y la existencia de informes periciales. Sin embargo, todo parece haber sido desechado por el fiscal en cuestión de minutos.
Lo que agrava aún más la situación es que la querella asegura que el fiscal estaba recusado al momento de presentar su requerimiento, una acción que, según las leyes, debería haberle impedido intervenir en el caso. A pesar de esto, el juez Raúl Florentín no solo aceptó su solicitud, sino que permitió que el fiscal actuara como si no existiera tal recusación.
La versión de Cantero
En medio del aluvión de críticas, el fiscal salió en su propia defensa. En una declaración emitida el 11 de octubre, Cantero afirmó que la prensa había malinterpretado sus acciones y que, en realidad, ya estaba trabajando en el caso desde el día anterior (¿¿??).
Aseguró que los tres minutos en cuestión solo reflejan el tiempo que tomó su vinculación formal al sistema judicial, no el tiempo dedicado a la preparación del sobreseimiento.
Según Cantero, su actuación estuvo completamente ajustada a derecho, basándose en las pruebas recopiladas previamente por la Fiscalía. Entre ellas, destacó una pericia médica que, según él, no ofrecía evidencia suficiente para sostener la acusación de abuso sexual.
No obstante, esta explicación no ha convencido a muchos, quienes señalan que la rapidez con la que presentó el requerimiento es altamente inusual y genera dudas sobre la imparcialidad de su actuación.
La querella, por su parte, ha anunciado que se opondrá al sobreseimiento y que presentará una acusación formal contra el acusado. Además, ha manifestado su intención de denunciar al fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por su cuestionable actuación en el caso.
De nuevo la justicia en duda
Este caso pone nuevamente en evidencia las fallas del sistema judicial paraguayo las serias preguntas sobre la actuación de los fiscales y jueces involucrados.
El hecho de que un fiscal recusado pueda seguir tomando decisiones clave en un caso tan delicado como el de abuso sexual infantil deja en duda la transparencia y la equidad de los procesos judiciales.
Asimismo, la velocidad con la que se emitió el sobreseimiento pone en entredicho la diligencia y el compromiso del Ministerio Público con la justicia.
La gente sigue expectante, mientras las autoridades judiciales enfrentan la difícil tarea de restaurar la confianza en un sistema que, a ojos de muchos, parece estar más preocupado por proteger a los poderosos que por garantizar los derechos de las víctimas.
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El único comentario que queda hacer es: causa nauseas el actuar de muchos Fiscales y Jueces, está podrida el sistema judicial de nuestro pobre país