Ratifican condena de policías a 4 años de cárcel por caso de «apriete»
Un Tribunal de Apelaciones confirmó las condenas a 4 años de cárcel para dos policías de la Comisaría 3ª de Asunción, quienes realizaron un “apriete” a una joven madre en diciembre de 2022. Durante el juicio, se demostró que los agentes incurrieron en privación de libertad, cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión en grado de tentativa.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala de la Capital, compuesto por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, dictó la Sentencia N° 9 el 11 de octubre de 2024, confirmando las penas para la oficial Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial Cemión Arce Mendoza.
La defensa sostuvo que la sentencia de primera instancia no enunciaba correctamente los hechos y carecía de suficientes pruebas. Alegaron además que se agregaron pruebas de forma ilegal y que el fallo resultaba contradictorio, vulnerando las reglas de la sana crítica.
El tribunal de apelación concluyó que el Tribunal de Sentencia expresó claramente su convicción sobre los hechos. Las pruebas, presentadas y valoradas durante el juicio, respaldaron la culpabilidad de los agentes. El tribunal de alzada descartó reexaminar los elementos probatorios, pues no participaron en su producción. Revisar las pruebas habría violado los principios de inmediación, concentración y contradicción.
Apriete de policías a joven madre
El 5 de diciembre de 2022, a las 22:30, Arnaldo Ramos, administrador de Club Condesa, presentó una denuncia en la comisaría 3ª de Asunción por un supuesto hurto cometido por Johana Rivero Saavedra (la víctima), quien había sido empleada de la empresa. La oficial Evelyng Núñez recibió la denuncia.
Al día siguiente, el suboficial Cemión Arce Mendoza, junto con otro policía, acudió al local comercial. A la salida, interceptaron a Johana Saavedra. Según se comprobó en el juicio, Núñez descendió del vehículo policial para pedirle su documento de identidad, pero al no tenerlo, Arce la obligó a subir a la patrulla, donde la retuvieron por aproximadamente una hora.
Cuando Saavedra advirtió que denunciaría a los policías, la llevaron a la comisaría 3ª, donde redactaron un acta. Durante el trayecto, los agentes le quitaron el celular y Arce le solicitó G. 3.000.000 a cambio de su liberación.
La víctima logró contactar a sus familiares, quienes grabaron a los policías en video. Posteriormente, Saavedra volvió a su trabajo para recibir su liquidación. El administrador le ofreció G. 750.000 para que retirara la denuncia por hurto. Saavedra verificó que la denuncia fue presentada por Núñez el 5 de diciembre de 2022.
