El diputado Adorno y su jugada en el Congreso: Cómo convirtió un pedido de informes en presión política
En una acción que evidencia las prácticas poco transparentes de ciertos actores políticos, el diputado José Domingo Adorno consiguió que la Cámara de Diputados aprobara, sin debate ni análisis, un pedido de informes a través de la Declaración N° 549.
Esta declaración, aprobada sin más discusión que la lectura de su encabezado, ha sido utilizada por Adorno como una herramienta para ejercer presión sobre la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y varios jueces.
Aprobada «sobre tablas» el 31 de julio de 2024, la declaración supuestamente insta a las instituciones a «resguardar el patrimonio del Estado» en el marco de la Ley N° 3294/2007, que regula la donación de tierras en Puerto Casado.
Sin embargo, este movimiento encierra una maniobra más preocupante: Adorno ha aprovechado este pedido de informes para manipular nuevamente el proceso de donación de tierras en Alto Paraguay y desviar el asunto hacia fines que favorecen a su familia y aliados.
Un pedido de informes disfrazado de presión política
Lejos de ser un simple trámite, el pedido de informes ha sido transformado por Adorno en una carta abierta de presión sobre las instituciones clave.
Aprovechando la aprobación superficial del documento, Adorno y el equipo legal de la Secta Moon, han dirigido cartas a ministros, jueces y al Contralor General, con el objetivo de poner en duda la legitimidad del proceso de donación.
Según fuentes cercanas al conflicto, este es solo un paso más en una estrategia a largo plazo para proteger intereses privados en las tierras afectadas, donde la familia Adorno y sus aliados poseerían estancias y otras propiedades.
Las tierras, que por ley deberían ser donadas a los pobladores de Puerto Casado, están bajo la constante amenaza de ser absorbidas por figuras políticas y económicas con fuertes influencias en la región, entre ellos, José Domingo Adorno y su hermano Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado.
Pobladores acusan a los hermanos Adorno de poseer estancias en las mismas zonas que están destinadas a la donación, lo que no solo bloquea el proceso, sino que busca apropiarse de terrenos que, legalmente, pertenecen al pueblo.
Vídeo de pobladora señalando la estancia perteneciente a Adorno
Pobladores de Puerto Casado y Cusabo, la empresa donante
Los pobladores de Puerto Casado, lejos de permanecer pasivos ante esta nueva maniobra, han unido fuerzas con la empresa Cusabo S.A., quienes desde un inicio han mostrado interés en que las tierras sean entregadas a sus legítimos dueños. Los habitantes de la región, que llevan años viviendo y trabajando en estas tierras, señalan directamente a los Adorno como los responsables de utilizar su influencia política para frenar la transferencia de terrenos, aprovechándose de su posición de poder para proteger sus intereses personales.
En este contexto, la colaboración entre los pobladores y Cusabo ha sido clave para mantener viva la lucha por la regularización de las tierras.
Fernando Marecos, abogado de Cusabo, ha destacado en varias ocasiones la importancia de que estas tierras lleguen a los auténticos casadeños, y ha denunciado públicamente las trabas impuestas por los intereses privados de la familia Adorno. Marecos subrayó que Cusabo ha cumplido con todos los requisitos legales y ha instado a las autoridades a acelerar el proceso, mientras que los Adorno continúan usando tácticas dilatorias y recursos legales para prolongar el conflicto.
Cusabo responde: «Somos los primeros interesados en la donación»
En respuesta a la Declaración N° 549 y a las maniobras de los Adorno, la empresa Cusabo S.A. reiteró su total disposición a cumplir con la donación de tierras. En un comunicado oficial, Cusabo aclaró que ha cumplido con todas las normativas requeridas, incluyendo la Ley de Seguridad Fronteriza, y ha presentado toda la documentación necesaria para formalizar la transferencia. No obstante, las constantes interferencias de actores políticos, principalmente los hermanos Adorno, han bloqueado cualquier avance importante.
«Nosotros somos los primeros interesados en que estas tierras lleguen a los pobladores de Puerto Casado, tal como lo establece la ley», afirmó Fernando Marecos. Además, dejó en claro que la empresa ha sido la principal promotora del proceso de donación, mientras que los retrasos y bloqueos han venido de intereses externos que buscan apropiarse de las tierras.
Cusabo ha solicitado la intervención de la Procuraduría General del Estado para que se tomen las medidas necesarias y se garantice que la donación finalmente se concrete en favor de los legítimos beneficiarios: los pobladores.
El impacto de las maniobras de los Adorno
La familia Adorno, conocida por su control sobre la política local en la región chaqueña, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por utilizar su poder para proteger sus propiedades y negocios, en detrimento de los derechos de los pobladores de Puerto Casado. Las denuncias sobre la influencia de los Adorno en las decisiones judiciales y políticas que bloquean la donación son una muestra clara del abuso de poder en la zona, un abuso que afecta directamente a las familias que llevan años esperando la regularización de sus tierras.
