Procuraduría busca revertir resolución que favoreció a acusados de contrabando por US$ 52 millones
La Procuraduría General, a través de su titular, Marco González, solicitó al Juez de Ejecución, Carlos Mendoza, que devuelva el expediente del caso de contrabando por US$ 52 millones al Juez de Garantías, Humberto Otazú.
El objetivo de la solicitud es revocar la resolución que benefició a los acusados con un procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso.
La Procuraduría alega que la representación del Estado, en su calidad de víctima, no fue tomada en cuenta en las decisiones judiciales que permitieron a los acusados resolver su situación legal mediante una donación total de G. 400 millones, lo cual consideran insuficiente.
Contexto del caso
El 29 de mayo pasado, durante la audiencia preliminar ante el Juez Humberto Otazú, con la participación de la fiscala Estefanía González, se ratificó la acusación contra Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Fernández de Hijazi, Hussein Hijazi, Hamze Hijazi y Víctor Espínola por contrabando de US$ 52 millones y producción de documentos no auténticos.
Sin embargo, la fiscala cambió su postura y se allanó a las salidas procesales propuestas por la defensa, lo que resultó en condenas mitigadas que incluyeron una donación en lugar de una reparación directa al Estado.
Argumentos de la Procuraduría
La Procuraduría sostiene que la falta de participación en las decisiones judiciales vulnera los derechos del Estado Paraguayo como víctima.
«El daño ocasionado al Estado es evidente, ya que se trata de una suma que debió ingresar al fisco y que, en lugar de ser utilizada para obras públicas o servicios esenciales, quedó en manos de los contrabandistas», señaló Marco González.
La Procuraduría subraya que la suma donada en concepto de «reparación del daño social» es insignificante en comparación con el monto total defraudado al Estado, lo que justifica su solicitud de revocación de la salida procesal.
Procedimiento judicial y posibles repercusiones
El Juez de Ejecución, Carlos Mendoza, tiene la facultad de revisar las condiciones impuestas en la suspensión condicional del procedimiento y, de ser necesario, remitir el caso nuevamente al Juez de Garantías para que este tome una nueva decisión.
«El monto defraudado es considerable, y la Procuraduría exige que se establezca una verdadera reparación del daño al Estado, que no ha sido contemplada en las decisiones judiciales previas», dijo González.
La Procuraduría indicó que explorará todas las vías legales para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias completas de sus acciones y que el Estado recupere lo que le corresponde.
