Dany Durand, procesado por estafa, lavado de dinero, asociación criminal y otros hechos punibles en el caso Mocipar, recusó a las fiscalas Alba Delvalle, Irma Llano y Ruth Karina Benítez.
Esta acción logró trabar la audiencia preliminar que ayer se intentó realizar por quinta vez.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante de las víctimas, afirmó que los procesados “buscan un fiscal a medida” y anunció que solicitará a la Corte auditar el expediente judicial, que está en el juzgado a cargo de la magistrada Cynthia Lovera.
La ministra Carolina Llanes había exhortado a jueces a aplicar sanciones de multa previstas en la ley a las partes que ejerzan abusivamente el derecho.
El incumplimiento de la norma constituye falta grave de magistrados, que se exponen a suspensión de hasta 30 días.
Las razones detrás de la recusación
“Están buscando un fiscal a medida, porque efectivamente ellos evidenciaron y seguramente verificaron que la agente fiscal que requirió la acusación y el pedido de elevación a juicio oral hizo todas las diligencias pertinentes para avanzar en este proceso investigativo. Es más, es una de las acusaciones más importantes para nosotros, porque eso evidencia que efectivamente todos los reclamos de las víctimas que vienen haciendo hace años efectivamente se corroboraron todos los extremos fácticos. Era de esperarse que justamente en el proceso que nosotros hoy contamos con la acusación se vengan este tipo de dilaciones. Nosotros, como representantes de la querella vamos a requerir las sanciones correspondientes a los abogados y también a las partes por esta dilación innecesaria del proceso”, expresó la abogada Ruiz Díaz.
Ruiz Díaz señaló que en otras audiencias donde se solicitó el sobreseimiento provisional de Durand y los otros procesados, no hubo incidentes dilatorios.
“Se han realizado todas las otras audiencias sin inconveniente alguno, salvo esta, que ya es prácticamente la tercera, cuarta vez que se está suspendiendo el desarrollo de esta audiencia preliminar. Nosotros vamos a ser insistentes, incluso vamos a requerir también una auditoría de la Corte, del expediente a los efectos de que justamente se pueda evidenciar que esto es prácticamente una dilación más, siendo que ya anteriormente ya fue recusada la fiscal Alba Delvalle por los mismos argumentos que hoy nuevamente son expuestos en la recusación”, manifestó la abogada querellante.
Las suspensiones anteriores
El 2 de abril de 2024, la audiencia fue suspendida debido a que los defendidos, Dany Edgar Durand Espínola y Luz Marina González de Durand, fueron notificados de otras tres audiencias preliminares programadas para el mismo día.
Esta falta de coordinación subraya las ineficiencias administrativas que afectan el ritmo del proceso.
Posteriormente, el 15 de abril de 2024, la audiencia se suspendió nuevamente porque una de las partes había sido intervenida quirúrgicamente el 10 de abril, una circunstancia que, aunque justificada, añadió otro retraso significativo.
El 18 de abril de 2024, se solicitó la suspensión de la audiencia prevista para el 23 y 24 de abril en relación a la procesada Myrian Elizabeth Teme Buscio, prolongando aún más el camino hacia la resolución judicial.
Finalmente, el 8 de mayo de 2024, la audiencia no se llevó a cabo debido a una recusación presentada por Favio Arturo Britos Ocampos contra el equipo de Agentes Fiscales.
Esta acción legal introdujo un nuevo obstáculo, poniendo en evidencia las tácticas dilatorias que complican el avance del caso.
Antecedentes del caso
El extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Espínola fue acusado junto con otros siete exdirectivos del Grupo Mocipar, por la fiscala Alba Delvalle, por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
Los demás acusados por el Ministerio Público son: Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma Mocipar.
La acusación fiscal resalta que todas estas personas conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”.
El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, según la acusación de 182 páginas.
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