Legislación pendiente para adultos mayores
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de pensión universal para adultos mayores.
Este proyecto ahora regresa al Senado para su aprobación definitiva.
El objetivo es ofrecer un beneficio económico a los adultos mayores, promoviendo su inclusión y acceso a recursos.
Resumen del proyecto aprobado
El proyecto establece una pensión del 25% del salario mínimo vigente, equivalente a G 699.577.
Se espera incluir anualmente a unas 30.000 personas, de un total estimado de 185.000 beneficiarios potenciales.
Los adultos mayores podrán acceder a este beneficio automáticamente al cumplir 65 años, priorizando a los de mayor edad.
Para las personas de pueblos originarios, la pensión estará disponible a partir de los 55 años, y para las personas con discapacidad desde los 60 años.
Requisitos para calificar
Para recibir la pensión, los beneficiarios deben cumplir ciertos criterios, como no recibir otra remuneración del sector público o privado, no contribuir al Impuesto a la Renta en ninguna de sus modalidades, y no tener más de 30 cabezas de ganado.
Estos filtros aseguran que la pensión llegue a quienes realmente lo necesitan.
Control y verificación
El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación y trabajará en conjunto con varias instituciones para verificar los requisitos y gestionar la inscripción automática.
El ministro Tadeo Rojas tendrá la última palabra en la implementación del programa, después de una verificación adecuada.
Inclusión gradual
La incorporación de beneficiarios será gradual, incluyendo a 30.000 personas por año, priorizando a los más longevos para garantizar la viabilidad financiera del programa.
Se dará prioridad a los adultos mayores de 70 u 80 años sobre los de 65.
Sanciones por irregularidades
El proyecto incluye sanciones penales para aquellos funcionarios que incluyan o excluyan irregularmente a potenciales beneficiarios.
Las sanciones pueden ser de hasta tres años de prisión o multas.
Participación de municipios
Los municipios podrán solicitar informes sobre los beneficiarios incluidos, aunque no será obligatorio informarles si no lo solicitan.
Este cambio busca agilizar el proceso y evitar retrasos en la implementación del programa.
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