Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera han iniciado acciones legales contra varios diputados por el cobro indebido de honorarios, colocando a sus propios hijos en puestos clave sin la debida justificación.
Entre los implicados se encuentra la diputada Roya Torres y su hijo Elías Godoy Torres, así como el diputado Cleto Giménez y sus hijas Danna y Johana Giménez.
Elías, contratado como asesor de su madre, recibe un salario de G 9.500.000, a pesar de solo poseer un título de bachiller y no asistir a su lugar de trabajo.
Las hijas de Cleto Giménez enfrentan acusaciones similares, con salarios que también se consideran injustificados.
Evidencia y procedimientos legales
La fiscalía ha catalogado estos actos como cobro indebido de honorarios, imputando a los hijos como autores directos y a los padres como cómplices.
Este esquema ha causado un daño a las finanzas estatales, agravado por la falta de presencia física de los asesores en sus respectivos puestos de trabajo.
Las investigaciones continúan, y se anticipa que se explorarán más casos similares, enfocándose en otros legisladores que podrían estar empleando prácticas similares bajo la fachada de «cargos de confianza».
Excepciones y futuras indagaciones
A pesar de las numerosas imputaciones, la fiscalía ha decidido desestimar la denuncia contra Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, al no encontrar irregularidades en su contratación.
Sin embargo, el Ministerio Público ha prometido que su intervención no será selectiva y buscará extender las investigaciones a todos los legisladores que incurran en estas prácticas.
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