El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de su Superintendencia de Valores, recientemente puso en jaque a la administración de Óscar «Nenecho» Rodríguez.
Emitió una circular recordatoria dirigida a todas las instituciones sobre la obligación de informar cualquier cambio en el uso de los bonos.
Esta acción del BCP surge justo después de que el intendente reconociera públicamente que no había notificado dichos cambios a la entidad reguladora, lo cual podría representar una infracción a la ley 5.810 del Mercado de Valores.
Reacciones políticas y auditorías en proceso
El incumplimiento de la administración municipal ha sido un tema de constante crítica, especialmente por parte de Álvaro Grau, concejal de Patria Querida.
La falta de transparencia se hizo evidente al omitir en el último balance municipal detalles sobre el destino específico de aproximadamente G. 500.000 millones de recursos adquiridos mediante bonos.
A su vez, la Contraloría ha iniciado una auditoría para determinar si existen violaciones a la ley de Administración Pública y la ley orgánica municipal en la gestión de estos fondos.
Debate sobre la legalidad y la gestión de recursos
La controversia se centra en el argumento de Nenecho de que la Municipalidad opera con una cuenta única, donde se fusionan todos los recursos sin distinción.
Esta práctica ha sido cuestionada por su legalidad, ya que las normativas vigentes estipulan que los fondos obtenidos a través de bonos solo deben utilizarse para gastos de capital, como obras, y no para operaciones diarias o pago de salarios.
Esta situación ha generado tensiones incluso dentro del propio partido oficialista en la Junta Municipal, donde algunos concejales intentan distanciarse de las prácticas cuestionadas del ejecutivo municipal.
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