El camionero Adan David Ortellado, de 34 años, se enfrenta a una imputación por homicidio culposo tras el trágico accidente que costó la vida a Santiago Llano, hijo de Blas Llano.
A pesar de su liberación con medidas alternativas y una fianza de G. 500 millones, su abogado, Daniel Figueredo, cuestiona la rapidez y la falta de fundamentos en las acciones de la fiscala Zulma Benítez y la jueza Silvia Cáceres.
Desafío legal inminente
La defensa no solo reta la validez de la imputación, sino que también prepara una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), argumentando acciones precipitadas por parte de la fiscalía y la complicidad del juzgado en esta premura.
Figueredo afirma que no existen elementos de convicción suficientes que justifiquen la imputación y acusa a la fiscala de proceder sin pruebas concluyentes.
Estrategias y obstáculos
Además de los desafíos legales, Figueredo enfrenta la presión de una fianza inalcanzable de G. 500 millones, poniendo en evidencia la dificultad de cumplir con tal exigencia económica.
El abogado también denuncia intentos de extorsión por parte de un supuesto abogado que, haciéndose pasar por representante de la fiscala y la familia Llano, solicitó dinero, aumentando la tensión en este ya complejo caso.
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