A pesar de los atractivos que Paraguay puede ofrecer para la inversión extranjera, existe un oscuro reverso de la moneda que parece desalentar a los inversores: la inseguridad jurídica.
Un reciente caso involucra a un matrimonio de empresarios extranjeros, quienes hace una década decidieron expandir su negocio de industria pesada a Paraguay.
Estos empresarios, confiando en la estabilidad y promesas del país, se enfrentan hoy a un desafío que pone en duda la fiabilidad del sistema jurídico paraguayo.
Introducción al caso
El protagonista de esta historia es Marcos Lares, un ciudadano venezolano que, buscando refugio de la crisis en su país natal, fue acogido en Paraguay y ascendido a gerente general en una prominente empresa naviera argentina.
Lares fue encomendado con responsabilidades críticas dentro de la empresa, desde manejar presupuestos y compras hasta supervisar el almacén de equipos.
Sin embargo, después de poco más de un año, y con los dueños impedidos de visitar Paraguay por las restricciones de la pandemia, Lares tomó un rumbo inesperado.
Creación de una competencia desleal
En complicidad con Alfredo Benítez, jefe de taller de la empresa, comenzó a formar una nueva compañía, HLG Ingeniería.
Este movimiento no fue solo un acto de independencia profesional, sino una estrategia que rozó la deslealtad.
Lares y Benítez no solo se llevaron consigo a personal clave formado por la empresa original, sino que también se presentaron como representantes de marcas que ya eran parte del portafolio de su anterior empleador, generando una competencia directa y poco ética.
Consecuencias legales y un giro judicial desalentador
Cuando finalmente las fronteras se abrieron después de la pandemia, los empresarios pudieron regresar a Paraguay y llevaron su caso a los tribunales, buscando justicia y reparación.
Sin embargo, la respuesta que recibieron fue desalentadora: prácticamente fue «vayan por otro lado, acá no le vamos a poder atender su denuncia».
Según los denunciantes, las pruebas documentadas fueron presentadas ante el fuero comercial, y los jueces encargados del caso determinaron que este asunto debe ser tratado en el ámbito laboral
Este tipo de respuestas no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también envía un mensaje negativo a los potenciales inversores extranjeros.
Esta decisión ha dejado un sabor amargo en la boca de los empresarios afectados, reflejando no solo un fallo personal de Lares y Benítez, sino también destacando debilidades en el sistema judicial paraguayo frente a casos de corrupción y malas prácticas empresariales.
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Considero más bien que, antes que un problema en el fuero laboral, lo que hubo de hacerse es levantarlo en el fuero civil como Daño y Perjuicios ocasionados en Deslealtad Empresarial, que conllevó al uso de representaciones propias por terceras personas y la lesión ( daño en lo civil ) originados por el desmembramiento del personal entrenado en origen por la empresa afectada. En el fuero laboral lo que tuvo que plantearse es solo el alejamiento del personal sin las debidas correspondencias para con la empresa inicial, pues ello acarrea consecuencias laborales hacia el trabajador. En cualquier caso, el Daño y Perjuicio debieron de ser probados como constituidos contra ese tercero, cuestión que, por lo que se nota, no fue o no pudo ser promovido, actuando los jueces lo que en consecuencia trajo aparejado su tratamiento en el fuero laboral y hasta donde buenamente se pudiera entender este caso.
Primero lo que corresponde es saber bien la verdad a todas estas mentiras desproporcionadas mad grandes que el universo.
Esos supuestos empresarios argentinos son unos mentirosos.
Este medio por lo visto no investiga ni va a la fuente de información veras, sino que de manera irresponsable exponen algo que se nota que es pagado.