Las dinámicas de poder en Paraguay revelan un entrelazamiento de familias en posiciones de influencia que abarca desde el Congreso hasta instituciones estatales como Itaipú y la Justicia Electoral.
Los clanes Ovelar, Alliana, Zacarías y Buzarquis destacan no solo por su persistencia en la política sino también por los considerables ingresos que acumulan del erario público.
El nepotismo en la política no solo se limita a la ocupación de cargos sin concurso, sino que además implica una carga económica para el estado.
Los casos de los Zacarías y los Buzarquis, con múltiples familiares en la nómina estatal y sueldos que suman millones de guaraníes mensuales, reflejan un patrón de beneficios económicos directos derivados de relaciones familiares y políticas.
La extensa red familiar de Beto Ovelar
La influencia del senador Silvio Beto Ovelar en el manejo de posiciones clave dentro del Estado es evidente a través del alto costo que representan las asignaciones salariales de su familia.
Ovelar ha posicionado a su esposa, Iris Magnolia Mendoza, quien se desempeña como jefa del Departamento de Asesoría Jurídica en la Entidad Binacional Itaipú, con un salario de G. 149.190.233.
En Yacyretá, su suegro, Armando Mendoza, obtiene beneficios que suman G. 84.397.611, en esta entidad también se encuentra Violeta Mendoza, cuñada de Ovelar, con un salario de G. 73.963.197.
La red de familiares en el sector público se extiende a sus hermanos: Robert Ovelar Benítez trabaja en Aduanas con un salario de G. 23.000.000; Lourdes Ovelar Benítez recibe G. 8.525.477 en el Ministerio Público; y Rodney Ovelar Benítez, con un salario de G. 14.180.600, se desempeña en la Defensoría Pública.
Es importante destacar que el hijo de Ovelar, Alejandro, tuvo que renunciar a su puesto en la Cámara de Diputados tras ser implicado en el escándalo de los nepobabies.
Distribución de ingresos en la familia Alliana
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, junto a su círculo familiar, suma ingresos mensuales de G. 201.259.537.
Su actual esposa, Fabiana Souto de Alliana, ocupando un escaño en la Cámara de Diputados, percibe un salario de G. 32.740.840.
Por otro lado, su ex esposa, Nélida Encina Ántola, tiene un ingreso de G. 10.157.191 en su puesto en la Corte Suprema.
Destacando entre los nepobabys, Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente, recibe G. 18.274.300 en la Cámara de Diputados. Adicionalmente, el cuñado de Alliana, Rodrigo Daniel Souto, trabaja en la Vicepresidencia y cobra G. 20.046.790.
En la Entidad Binacional Yacyretá, sus primos Ricardo Torres y Carlos Zarza Alliana perciben G. 68.260.416 y G. 15.000.000 respectivamente.
El caso de los Buzarquis
Los hermanos Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis, ocupando cargos de senador y diputado respectivamente, han facilitado la inserción de varios familiares en puestos del sector público.
Según registros de la Contraloría y Hacienda, la familia extensa en cargos incluye a Jamyl Buzarquis Cáceres con un salario de G. 9.000.000 en la Cámara de Diputados, asignado a la oficina parlamentaria en la Gobernación de Caaguazú; Fátima Buzarquis de Cáceres, quien gana G. 7.025.477 en el Ministerio Público; y Víctor Adbel Buzarquis, con G. 11.000.000 también en la Cámara de Diputados.
Griselda Maidana, cuñada de los parlamentarios y esposa de Víctor, recibe G. 19.121.500, desempeñándose como docente en la Universidad de Caaguazú y funcionaria de la Fiscalía.
Entre los primos figuran Deinemaría Buzarquis Rivas, con un ingreso de G. 20.967.700 en el Congreso Nacional; Milton Buzarquis Rivas, que percibe G. 19.600.000 en la Dirección Nacional de Aduanas; y Carmen Buzarquis Perrens, con G. 6.200.000 en la Justicia Electoral.
Este fenómeno no solo socava la transparencia y la equidad en la administración pública sino que también incrementa el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.
Desafíos en la regulación y control
A pesar de las leyes existentes contra el nepotismo y el tráfico de influencias, la práctica de asignar cargos públicos a familiares directos persiste, evidenciando un fallo en los mecanismos de control y un aparente acuerdo tácito entre las autoridades para mantener el statu quo.
La colonización de la función pública por parte de clanes familiares no solo es una práctica que desangra el presupuesto estatal, sino que también alimenta la desigualdad y el descontento social.
Es imperativo que los organismos de control actúen con mayor rigor y que la ciudadanía exija transparencia y rendición de cuentas para asegurar un gobierno que realmente sirva al interés público y no a intereses particulares y familiares.
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