El Senado ha aprobado recientemente cambios significativos en la Carta Orgánica Municipal.
Estas modificaciones, sancionadas el 30 de noviembre de 2023, otorgan a los intendentes la capacidad de realizar contrataciones directas por un valor de hasta G. 515 millones, sin la necesidad de aprobación de las Juntas Municipales.
Este cambio legislativo representa un giro notable en la gestión municipal, impactando directamente en la forma en que los municipios manejan sus contrataciones y finanzas.
Una de las implicaciones más notables de esta reforma es la exención otorgada a las municipalidades de pagar la contribución a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por retención de contratos.
Esta exención podría tener un efecto considerable en el presupuesto de la DNCP, ya que se estima una reducción de ingresos de aproximadamente G. 5.000 millones anuales.
Esta medida ha generado preocupación en cuanto a la posible disminución en la supervisión y control de las actividades de contratación en los municipios.
El proyecto de ley, presentado por el diputado Marcelo Salinas entre otros, busca adaptar la Carta Orgánica a la nueva ley de Contrataciones (Ley 7021/22).
Sin embargo, esta iniciativa ha sido objeto de críticas y preocupaciones.
El director de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, ha expresado su inquietud, sugiriendo que estas modificaciones podrían facilitar prácticas corruptas a nivel municipal y debilitar el control sobre las comunas.
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