La audiencia preliminar del caso conocido como «Tapabocas de oro», que estaba programada para las 8:30 de este lunes, tuvo que ser suspendida nuevamente.
Esta vez, la suspensión se debió a una recusación presentada por Édgar Melgarejo Ginard, expresidente de la Dinac, en contra del fiscal Silvio Corbeta y la fiscala Nathalia Silvia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). La nueva fecha para la diligencia se ha fijado para el próximo 21 de noviembre a las 8:30.
La recusación contra el fiscal Corbeta fue interpuesta por Alejandra Magalí Melgarejo Miranda, abogada defensora de Melgarejo Ginard. La defensa argumenta que no se está cumpliendo con el Dictamen 836/23 de la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien había asignado a la unidad N° 8 de la UDEA para llevar el caso.
Según la defensa, estas circunstancias violan claramente las normas vigentes conforme la Resolución F.G.E. N° 2248/07, que establece la competencia de la UDEA para casos de supuesta lesión de confianza cuando el perjuicio patrimonial supera los 5.350 jornales mínimos.
La abogada Melgarejo sostiene que el objeto de la causa no se ajusta a las características necesarias para la intervención de la UDEA. Argumenta que el monto del supuesto perjuicio patrimonial, estimado en G. 296.000.000, es inferior al monto establecido en la Resolución FGE N° 2.248/07, que sería de G. 551.536.850.
Édgar Melgarejo también ha señalado que su defensa presentó varias notas a la Fiscalía Adjunta de UDEA, indicando que la jefa de esa unidad se había declarado incompetente en un caso similar, basándose en la Resolución FGE N° 2248/2007.
El fiscal Silvio Corbeta explicó que la recusación presentada impide que se pueda desarrollar la audiencia preliminar y que ahora la Fiscalía General del Estado debe resolver sobre esta recusación. La defensa del procesado pretende que la causa sea llevada a cabo por fiscales del fuero ordinario y no por agentes de una unidad especializada.
Además de Édgar Melgarejo, están acusados en la causa Marcelo Rubén Ovelar González, Fernando Gallardo de Brix, María Luz Chamorro Báez, Juan Carlos Turitich Báez, Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco. La acusación fue presentada en abril de 2021 y señala que en la Dinac se montó un «esquema delictivo» para desviar fondos públicos.
La acusación revela que Marcelo Ovelar elaboró el pliego de bases y condiciones y emitió un dictamen que facilitó la compra de los tapabocas a un precio elevado. El caso se descubrió cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios, pero que finalmente la Dinac adquirió los tapabocas a un precio mucho mayor.
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