Irregularidades en merienda: ¿quién es responsable?

La Contraloría General de la República (CGR) ha presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción que señala indicios de posibles delitos en relación con la provisión del almuerzo escolar en la Municipalidad de Hernandarias, durante las administraciones de los exintendentes Rubén Rojas y Emiliano Nelson Cano Ozuna, ambos pertenecientes al partido Colorado.

El informe de la CGR se basa en una auditoría realizada a dos licitaciones relacionadas con el almuerzo escolar en la Municipalidad. Durante la gestión de Rubén Rojas, se otorgó un contrato a la empresa Restaurante y Panadería Maná por una suma considerable para la distribución de la alimentación escolar en 2021. Sin embargo, se detectaron irregularidades en esta adjudicación, ya que la firma no presentó la documentación requerida en el pliego de bases y condiciones de la licitación. Además, se encontraron discrepancias entre los ingredientes adquiridos y los establecidos en el contrato.

El informe también destaca problemas similares en la licitación del almuerzo escolar para 2022, durante la administración de Emiliano Nelson Cano Ozuna. La empresa Dijkstra Servicios SA fue contratada para este propósito sin presentar la documentación necesaria.

El informe de la CGR señala que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar estas irregularidades y determinar si existe un posible perjuicio patrimonial. La CGR no pudo cuantificar exactamente el monto de dicho perjuicio en su informe.

Este caso también se suma a las preocupaciones sobre la gestión del intendente Cano Ozuna, quien enfrenta acusaciones de falta de pago de dietas y gastos de representación a los concejales de oposición, mientras que los concejales oficialistas reciben sus pagos en tiempo y forma.

En resumen, este informe de la CGR revela serias irregularidades en la adjudicación de contratos para la provisión de almuerzo escolar en la Municipalidad de Hernandarias durante las administraciones de dos exintendentes. La Fiscalía Anticorrupción deberá llevar a cabo una investigación para determinar si se han cometido delitos y si ha habido un perjuicio patrimonial en estos casos. Además, el informe destaca preocupaciones adicionales en relación con la gestión actual del intendente Cano Ozuna.

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