La medida adoptada por Argentina de instaurar un peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay ha generado una contienda económica y diplomática, causando hasta ahora un perjuicio estimado en 3 millones de dólares. Esta cifra podría escalar hasta los 50 millones de dólares anuales, lo que podría perjudicar gravemente el comercio regional.
La Cámara de Senadores, el Poder Legislativo y el futuro Canciller, Rubén Ramírez, ya se han pronunciado en contra de la medida. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que apoya las acciones del Ejecutivo para recuperar la libre navegabilidad, haciendo hincapié en la necesidad de que Argentina respete los acuerdos de transporte fluvial vigentes.
Se argumenta que la aplicación unilateral de un peaje viola el principio de libre navegación, afectando negativamente a las embarcaciones que circulan por la hidrovía. En este sentido, el Senado aprobó una declaración que recuerda a Argentina los acuerdos internacionales vigentes sobre transporte fluvial, exigiendo la eliminación del cobro.
El futuro Canciller, Rubén Ramírez, mencionó que este problema será abordado el 15 de agosto, tras la asunción de Santiago Peña, aprovechando la presencia de mandatarios regionales.
La decisión de Argentina de implementar un peaje en la hidrovía ha provocado tensiones tanto económicas como diplomáticas. La posición de nuestro país es clara y firme, y la discusión sobre este tema parece destinada a continuar hasta que se llegue a una resolución.
