El Intendente de Tomás Romero Pereira, se encuentra en medio de una tormenta política y legal. Su administración municipal es objeto de un pedido de intervención, por supuestas irregularidades y malversación de fondos.
Rivas Román, padre del también cuestionado presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas, es acusado por un grupo de concejales de la ciudad de múltiples cargos, incluyendo lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y estafa. En total, se han presentado cuatro denuncias penales contra él y su administración, aunque los concejales se quejan de que no se ha producido ningún avance en las investigaciones de estos casos.
El concejal Adalberto Caballero ha tomado la delantera en estos asuntos, explicando que, después de rechazar el balance financiero municipal, la denuncia fue enviada a la Fiscalía y posteriormente se presentó el pedido de intervención al Ministerio del Interior. Sin embargo, se han presentado obstáculos para que las denuncias se sigan, ya que dos fiscales han sido recusados hasta ahora. Cabe resaltar que la mayoría de los miembros de la Junta, tanto oficialistas como opositores, se han pronunciado en contra de la administración de Rivas, citando graves irregularidades en la ejecución del presupuesto fiscal 2022.
Al parecer, Rivas Román utilizaba una empresa de maletín para proyectos de infraestructura de gran envergadura, con inversiones millonarias. Según Caballero, las obras se realizaban con maquinarias de la municipalidad, pero las facturas están a nombre de una empresa tercerizada que no tiene infraestructura propia, también se menciona la presunta sobrefacturación en la contratación de una retroexcavadora y discrepancias en el informe de uso de combustible presentado por el intendente.
El prontuario del Intendente Rivas Román parece crecer con cada nueva revelación. La negativa de la Junta Municipal de aceptar la ejecución presupuestaria 2021 y 2022 de la comuna es un indicador más de las serias dudas que existen sobre su administración.
El futuro de Rivas Román y su administración está ahora en manos del Ministerio del Interior y la Cámara Baja, que deben analizar y decidir sobre el pedido de intervención. Mientras tanto, los ciudadanos de Tomás Romero Pereira esperan con ansias el desenlace de este drama político y la posible llegada de la Contraloría a su zona en septiembre, tal y como se prometió.
Ciudadanos alertas
Los residentes de la comunidad de Tomás Romero Pereira han formado una «contraloría ciudadana» en respuesta a las crecientes denuncias de corrupción dirigidas al intendente local, Hernán Rivas. La iniciativa surgió debido a la preocupación de que el senador David Rivas, hijo del intendente y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pudiera influir en el proceso a favor de su padre.
La asamblea de vecinos que se autoconvocó para formar la contraloría ciudadana fue dirigida por Lucio Pereira Giménez, quien fue elegido presidente de la organización. Actualmente, están en proceso de obtener reconocimiento formal y diseñar una estrategia de acción para supervisar las instituciones públicas responsables de investigar las denuncias.
Esta iniciativa también pone de manifiesto la creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es probable que la organización pueda considerar movilizaciones sociales para presionar a las autoridades públicas a tomar medidas sobre las denuncias.
Acusaciones contra titular del JEM
Y con justa razón, ya que quien encabeza hoy el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), arrastra varias acusaciones.
Ni bien asumió el cargo, sus colegas, -que ni si quiera se sabe si son colegas realmente, ya que la primera vez que Rivas asumió como miembro del JEM fue denunciado por carecer de título de abogado-, lo calificaron de incapaz para ejercer la tarea de juzgar a jueces y magistrados, además aparentemente nunca ejerció la profesión de abogado.
Luego de ser electo como presidente del JEM realizó la declaración de que “adora” a Horacio Cartes, por lo que se puede suponer un vínculo muy cercano con el expresidente.
Se sospecha también que durante la campaña para las elecciones generales, Rivas llegó a utilizar la avioneta de Erico Galeano (imputado y desaforado), dicha avioneta hoy es elemento de investigación en la causa de Galeano, debido a que fue usada también como transporte de los narcotraficantes Sebastián Marset y el clan Insfrán.
La SET también tiene sus sospechas.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) comenzó a realizar un estudio del perfil de riesgo del ex diputado, actual senador de Honor Colorado, Hernán David Rivas.
Ya en el pasado, las declaraciones juradas de Hernán David Rivas y de su supuesta esposa, Elena Elizabeth Escobar Franco, han planteado preguntas incluso sobre la verdadera naturaleza de su relación marital.
En septiembre de 2013, cuando Rivas asumió como concejal departamental de Itapúa, afirmó estar casado sin separación de bienes con Escobar Franco. Sin embargo, en julio de 2018, al llegar a la Cámara Baja, Rivas declaró contradictoriamente que era soltero.
Por otro lado, Elena Escobar, -la misma fue funcionaria de la Contraloría, pero ahora ya ha renunciado-, en sus declaraciones juradas de los años 2019 y 2020 afirmó estar casada con Rivas, pero con separación de bienes, lo que genera más incertidumbre en torno a sus declaraciones.
Añadiendo a la confusión, se presentó un «divorcio de mutuo consentimiento» entre Rivas y Escobar Franco a la Justicia el 27 de noviembre de 2019. Sin embargo, continúan apareciendo juntos en público como pareja, lo que contradice el supuesto divorcio.
Las declaraciones contradictorias y las incontables inconsistencias ponen en tela de juicio la integridad, no solo de las declaraciones juradas de ambos, sino de su capacidad para ejercer sus funciones con honestidad.
