En Puerto Casado pagaron por almuerzos que no proveyeron

Por: Juan Carlos Lezcano F.

La Municipalidad de Puerto Casado presentó rendiciones de cuentas en las que aseguraba haber realizado pagos por casi G. 400 millones para la provisión de almuerzo escolar a instituciones de ese distrito. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación revelaron que la comuna no presentó proyecto alguno para la alimentación de estudiantes y que la provisión estuvo a cargo de la Gobernación del Alto Paraguay.

Si alguna vez Augusto Roa Bastos, citando al jurista Teodosio González, dijo que el infortunio se enamoró del Paraguay, bien se podría afirmar que la desdicha se ha ensañado con el distrito de Puerto Casado.

Atrás han quedado los tiempos en el que aquel lejano punto del territorio nacional servía como punto de desembarque de las tropas paraguayas que acudían para pelear en la Guerra del Chaco.

Esa pequeña localidad donde mientras esperaban ser llevados hasta el frente de batalla, los soldados visitaban la Iglesia y subían al campanario para dejar sus mensajes, hoy sucumbe ante el manoseo de la administración municipal plagada de irregularidades.

La administración de Hilario Adorno, intendente colorado del distrito formalmente denominado La Victoria, pero que sigue siendo conocido como Puerto Casado, no respetó siquiera el dinero que debía ser destinado a la educación. Esto surge de los documentos presentados por el propio jefe comunal ante la Contraloría General de la República y de papeles que fueron remitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Almuerzo escolar pagado por uno…

En el marco de las denuncias por las groseras irregularidades de la administración de Adorno, concejales municipales casadeños remitieron al MEC un pedido de informes con respecto a la entrega del almuerzo escolar por parte de la municipalidad a cargo del denunciado.

En concreto, la administración de Adorno dijo haber entregado alimentos para los alumnos de seis instituciones educativas que se encuentran dentro del distrito. Sin embargo, el propio MEC advirtió que esto no fue así.

“La Escuela Básica N°3730, Escuela Básica N°14708, Escuela Básica N°7031 Juan Diego, Escuela Básica N°4710, Escuela Básica N°7874, Escuela Básica N°7875,Colegio Nacional Riacho Mosquito de la comunidad indígena Maskoy de Puerto Casado se encuentran como beneficiarias del servicio de almuerzo escolar, conforme al Proyecto de almuerzo escolar autorizado por el MEC de la Gobernación de Alto Paraguay”, señala el documento.

Por si acaso no quedaba claro el punto, el siguiente párrafo es todavía más revelador:

“En relación a la Municipalidad de Puerto Casado, del Departamento de Alto Paraguay, en esta dependencia no obran registros de presentación de proyectos de almuerzo escolar de dicho Municipio”, señala el informe del Departamento de Gestión de Programas de Alimentación Escolar, dependiente de la Dirección de Alimentación Escolar.

Por si al amable lector se le perdió un poco la pelota, usando términos futbolísticos, nos permitimos hacer la aclaración en este punto. El MEC es el ente rector de la denominada Política Pública de Alimentación Escolar, para lo cual existe la Dirección de Alimentación Escolar, que depende a su vez de la Dirección General de Bienestar Estudiantil (DGBE).

En resumen, estas direcciones del MEC son las que gestionan y aprueban los planes de alimentación que los gobiernos departamentales y municipales entregarán a los estudiantes a lo largo del año lectivo. Si no pasó por esa institución, entonces el plan no existe.

Para aclarar aún más: el intendente Hilario Adorno no entregó plan de alimentación y -por lo tanto- no existió entrega de almuerzo escolar por parte de la municipalidad a su cargo.

…pero entregado por otro

Como si la no presentación del plan de alimentación ante las autoridades que deberían autorizarlo no fuera suficiente, todavía queda otro documento aún más esclarecedor: el plan de alimentación escolar presentado por la Gobernación de Alto Paraguay, departamento al que pertenece Puerto Casado.

En este documento, que sí cuenta con la aprobación del MEC, el gobierno departamental declaró que entre 2022 y 2023 tenía previsto entregar alimentos escolares a 45 instituciones educativas del Alto Paraguay, con un total de 4.442 matriculados. Para esto, presupuestó unos G. 37.000 millones.

Es decir, el gobierno departamental entregó los alimentos escolares a TODAS las instituciones educativas del Alto Paraguay.

Antes de seguir, un dato para nada menor. El gobernador que presentó ese proyecto de alimentación escolar ante el MEC fue José Domingo “Mino” Adorno, quien en día más jurará como diputado por el Alto Paraguay y es hermano del cuestionado intendente. El legislador electo también tiene varias denuncias en su contra.

Siguiendo con el punto, entre documentos remitidos por el MEC a la Junta Municipal de Puerto Casado, aparece una lista detallada institución por institución de las beneficiarias de los platos de comida entregados por la Gobernación. Entre esas instituciones aparecen todas las que supuestamente recibieron el almuerzo escolar por parte de la municipalidad.

En resumen, un hermano (el intendente) dijo que pagó para entregar alimentos, pero el que terminó entregando fue el otro hermano (el gobernador) que también dijo haber pagado por los alimentos. La diferencia es que el segundo sí contaba con el aval de la entidad rectora de la cuestión.

Los millonarios montos

Hilario Adorno no solo entregó rendiciones de cuenta en las que decía pagar por almuerzo escolar a la Junta Municipal, sino que también a la Contraloría General de la República (CGR).

Precisamente, la CGR cuenta con un portal de datos abiertos en los que se puede observar el detalle declarado por los intendentes y gobernadores sobre el destino que dieron a fondos provenientes de Fonacide y Royalties.

En el primer cuatrimestre de 2022, Adorno declaró haber realizado cuatro pagos por un total de G. 101.800.000 a la firma Distribuidora Núñez. De acuerdo a los datos que constan en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en realidad es una unipersonal con ese nombre de fantasía y cuya representante es Leticia Mabel Núñez Benítez.

En el segundo cuatrimestre, declaró otros cuatro pagos por un total de G. 155 millones. Mientras que en el último cuatrimestre del año pasado, realizó tres pagos por “apenas” G. 53.100.000.

En el primer cuatrimestre del presente año, Adorno dijo haber realizado tres pagos a la misma por valor de G. 63.300.000. En total, la comuna a cargo de Adorno dijo haber destinado G. 373 millones para la provisión de alimentos escolares.

Otro punto llamativo es que “Distribuidora Núñez”, declara domicilio ante Contrataciones Públicas en Lambaré, pero provee alimentos escolares en Puerto Casado, a casi 1.000 kilómetros de distancia. Las tres “licitaciones” por las que fue favorecida la firma por parte de la administración de Adorno nunca fueron actualizadas ante la DNCP, una práctica bastante habitual para evadir los controles.

Llamativo, cuanto menos, también es que la administración haya utilizado la figura de la “contratación directa”, en lugar de un concurso de ofertas o una licitación.

Otro punto es que Leticia Mabel Núñez aparece ante la DNCP con un único contrato que era para la provisión de víveres durante la pandemia de coronavirus a la municipalidad de Carmelo Peralta, también en Alto Paraguay y un municipio encabezado también el clan Adorno, puesto que Silverio Adorno pasó de “secretario de la juventud” de la Gobernación de Alto Paraguay a jefe comunal.

La gran pregunta que queda por resolver es ¿adónde fueron a parar los fondos que supuestamente eran para alimentar a los niños de Puerto Casado?

Intervención pendiente

Estas groseras irregularidades en la utilización del dinero que debía ser destinado a la alimentación de los estudiantes de Puerto Casado forman parte del dosier de denuncias en el marco de los pedidos de intervención que pesan sobre la administración de Adorno.

Son dos los pedidos de intervención sobre la comuna de Puerto Casado, encabezada por Hilario Adorno (ANR) que durmieron en el Ministerio del Interior durante meses.

El primer pedido de intervención tiene fecha del 01/12/2022, el segundo pedido fue enviado el 23 de mayo del presente año, ambos fueron remitidos al actual ministro del Interior Federico González, con el objetivo de que sea intervenida la administración de Adorno, colorado abdista; sin embargo, las dos notas se quedaron en las oficinas del secretario de Estado hasta el pasado 8 de junio, fecha en la que se remitió al presidente de la República, para que este cumpla con el trámite administrativo de remitir a la Cámara Baja, lo que se dio finalmente este lunes.

Los actuales diputados tienen pocos días para aprobar que avance el proceso. Si no lo consiguen, en el siguiente periodo parlamentario se deberá lidiar con que el hermano mayor del intendente, Domingo “Mino” Adorno, sea uno de los que analice el pedido, esto debido a que el mismo vuelve a la Cámara Baja luego de un paso repleto de irregularidades por la Gobernación de Alto Paraguay.

En abril pasado, el jefe comunal de Casado fue imputado por utilizar fondos de la municipalidad para comprarse una camioneta nueva. Según un informe de la Fiscalía, el vehículo supuestamente iba a ser utilizado por la comuna, pero terminó a nombre del político.

Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.

Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.

Si el caso llega a tratarse ya en el próximo periodo, habrá que ver si se solicita aplicar la ley contra conflicto de intereses, que obligaría a la inhibición de votar al hermano del intendente Hilario, el diputado electo José Domingo “Mino” Adorno (ANR).

Finalmente quedará la primera gran prueba de si la unidad colorada apañará groseros abusos como los que describimos en estas líneas o si realmente harán cumplir el peso de la ley. Todo quedará por ver.

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