La Fiscalía General del Estado rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo que hizo la agente Victoria Acuña, acusó al senador colorado Rodolfo Friedmann y pidió que la causa penal conocida como “merienda escolar” se eleve a juicio oral. El juez de Garantías de la causa fijó para el 5 de julio, a las 8:00, la audiencia preliminar.
El fiscal adjunto Roberto Zacarías, a pedido del fiscal general Emiliano Rolón, presentó acusación contra Rodolfo Max Friedmann Bertolo por presunta administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo (coima), en calidad de autor; por presuntas irregularidades en la compra de merienda escolar cuando se desempeñaba como gobernador del Guairá.
Asimismo el fiscal adjunto acusó y pidió juicio oral para Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo (contadora de la empresa ESSA), cómo presuntos cómplices de los hechos punibles de administración en provecho propio y lavado de dinero.
Por su parte Eduardo Domínguez, funcionario de la Gobernación del Guairá, fue acusado como supuesto cómplice del hecho punible de lavado de dinero, según el escrito presentado por el fiscal adjunto Roberto Zacarías.
Finalmente, el Ministerio Público ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para Marly Eliana Figueredo López, esposa del senador Rodolfo Friedmann, del proceso por supuesto lavado de dinero en el marco de la causa “merienda escolar”.
En el requerimiento conclusivo de la causa, los fiscales Osmar Legal y Luis Said habían presentado acusación contra el senador colorado Rodolfo Friedmann, su esposa y los otros procesados en la presente causa penal.
De acuerdo con la acusación fiscal Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa (ESSA SA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.
Según la hipótesis de Legal y Said, los hechos punibles cometidos por Friedmann y los demás acusados son: administración en provecho propio, lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal.
Legal y Said fueron recusados días antes de la primera audiencia preliminar y la fiscal Victoria Acuña fue designada para la causa. En dicha diligencia, realizada en abril de 2022, la agente rectificó la acusación y solicitó el sobresemiento provisional de los procesados.
En abril de este año Acuña pidió reabrir la causa y requirió el sobreseimiento definitivo de todos los investigados. Sin embargo, el pasado 25 de mayo el juez José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición y remitió el caso a la Fiscalía General del Estado.
