¿Quién sostiene al clan Adorno?

El grupo familiar encabezado por el exgobernador y actual diputado electo del Alto Paraguay, Domingo “Mino” Adorno, es vinculado a una cantidad cada vez mayor de irregularidades. Sin embargo, siguen actuando impunes en el norte del país. El Ministerio del Interior tiene paralizados pedidos de intervención a la administración de la comuna de Puerto Casado.

Protección a personas vinculadas con invasiones y hasta tráfico de droga, irregularidades en el manejo de los fondos de emergencia del coronavirus y utilización de fondos municipales para comprar vehículos particulares. La lista de hechos a los que están vinculados Domingo “Mino” Adorno (exgobernador y diputado electo por el Alto Paraguay) y su hermano Hilario Adorno (intendente de Puerto Casado) es cada vez mayor.

Protección a invasores, confirmada

Desde hace meses que medios de comunicación vienen publicando de forma insistente evidencias sobre los vínculos del menor de los hermanos Adorno con grupos dedicados a la invasión de inmuebles y hasta ligados al tráfico de drogas.

Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que el fiscal Freddy Fernandez dio una versión oficial: Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado, brindó protección a personas ligadas a varios hechos ilícitos.

Un procedimiento policial realizado en Alto Paraguay terminó con la detención de varias personas que se encontraban invadiendo un inmueble privado y en cuyo poder encontraron armas de diferente tipo.

El agente del Ministerio Público fue quien estuvo a cargo de los allanamientos que se dieron la semana pasada en el Chaco y durante los cuales detuvieron a cinco personas por invadir una propiedad privada e incautaron armas de grueso calibre y maquinarias para desmontar la zona.

El fiscal confirmó a Radio Ñanduti que quienes habrían ordenado invadir serían los ya conocidos Gauto de la zona: Eugenio Gauto, Mauro Gauto y Alberto Gauto, este último que sigue en proceso judicial por invasión.

Alberto David forma parte del grupo de supuestos “sin tierras” junto a su padre, Eugenio Ramón Gauto Quiñónez, y sus hermanos Eugenio Gauto Benítez y Mauro Ramón Gauto Benítez. Este último también posee imputación y orden de captura en su contra.

Alberto David fue imputado por los hechos punibles contra la libertad, coacción grave y contra el ámbito de la vida y la intimidad de las personas, y por invasión de inmueble ajeno.

Una de las denuncias presentadas en su contra data de febrero de 2021. En ese entonces, Luis Fernando Gatti Pineda, jefe de seguridad de la empresa Atenil S.A., realizó la denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno ocurrido en fecha 25 de febrero del año 2021.

Gatti señaló ante la Fiscalía que acudió al lugar acompañado por efectivos de la Comisaría de Puerto Casado y que allí pudo identificar a los hermanos Alberto y Mauro Gauto. “Portaban armas en manos como ser machetes y en todo momento actuaron en forma amenazante contra los personales policiales, por tal motivo los efectivos policiales se tuvieron que retirar del lugar”, señala el acta de la Fiscalía.

El 24 de marzo del año pasado, una comitiva fiscal policial fue al inmueble ubicado a la altura del kilómetro 110 de la Ruta Bioceánica para realizar un allanamiento. Sin embargo, según relata el acta de imputación del Ministerio Público, fueron recibidos “por una multitud de personas armadas con machetes en mano”.

Alberto David Gauto junto al intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno.

Informes de inteligencia de la Policía lo ligan con varios otros hechos delictivos. “Actualmente estaría involucrado en el tráfico de drogas (presunta marihuana) desde Concepción hacia el Chaco. Otras informaciones recientes indican que también podría estar involucrado en el tráfico hacia Brasil”, refiere el largo informe de la Policía sobre el mismo.

El mismo informe señala que Gauto “habría formado parte de algunas de las organizaciones criminales que operan en el Norte” y hasta apunta que “habría recibido instrucción paramilitar”.

Gauto fue beneficiado con prisión domiciliaria tiempo atrás. Todo gracias al apoyo recibido por el clan Adorno, siempre de acuerdo al archivo del diario ABC.

Hilario Adorno, jefe comunal de Puerto Casado, llegó a poner dinero y hasta su propia casa para que él mismo sea beneficiado con prisión domiciliaria. De hecho, el abogado defensor de Gauto es Emilio Camacho, quien también funge de asesor jurídico del jefe comunal.

Armamento

Este es el mismo grupo al que pertenecen los cinco detenidos la semana pasada durante un allanamiento en el cual se encontraron herramientas y todo un armamento.

El fiscal Fernando González detalló la semana pasada en Radio Ñanduti el procedimiento que realizaron en Puerto Casado, Alto Paraguay, donde encontraron invasores en una propiedad privada correspondiente a Atenil S.A. y que incautaron del lugar armas de grueso calibres, motosierras, y hasta maquinaria que según sospecha del Ministerio Público eran utilizadas como topadoras para talar y desmontar la zona.

Las diligencias de la Fiscalía, a partir de lo encontrado, se dividieron en dos causas: una por delitos ambientales y otra por portación ilegal de armas.

Según el fiscal González, al llegar al lugar se encontraron con 5 personas que fueron posteriormente detenidas y que las mismas mencionaron que estaba allí realizando un trabajo a nombre de un tal Gauto.

“Estas personas estaban realizando desmontes, son contratadas por terceros no sabemos bien aún quienes son. Ellos dijeron que fueron contratados por una persona de apellido Gauto. Pudimos saber que Eugenio y Ramón Gauto serían los implicados”, manifestó el fiscal Fernando González a la 1020 AM.

Camioneta con dinero público

Pero Hilario Adorno no solo protege a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, sino que él mismo afronta procesos penales.

El jefe comunal casadeño fue imputado en abril pasado por haber utilizado fondos de la comuna para comprar una camioneta nueva. El vehículo supuestamente iba a ser utilizado por la comuna casadeña, pero terminó a nombre del político, según un informe de Fiscalía.

Otras denuncias pendientes

El Ministerio Público designó en diciembre pasado al fiscal de Concepción Carlomagno Alvarenga como responsable de la investigación abierta sobre el cuestionado Hilario Adorno, colorado oficialista e intendente de Puerto Casado. En ese caso fue por desvío de dineros y otros hechos más.

Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.

Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.

No paga ni la luz

Como dato de color, queda recordar que Adorno tenia una deuda acumulada de mas de G. 30 millones con la ANDE a título personal y la comuna a su cargo también adeudaba otro monto similar.

Pedidos de intervención, cajoneados

Lo llamativo de la situación es que existen dos pedidos de intervención sobre la comuna de Puerto Casado que duermen en el Ministerio del Interior.

El primer pedido de intervención tiene fecha del 01/12/2022, el segundo pedido fue enviado el 23 de mayo del presente año, ambos fueron remitidos al actual ministro del Interior Federico González, con el objetivo de que sea intervenida la administración de Adorno, colorado abdista; sin embargo, hasta la fecha pareciera ser que ambas notas se encuentran cajoneadas en las oficinas del secretario de Estado y de esa manera se evita la remisión a la Cámara de Diputados.

Los concejales alegan mal desempeño en las funciones del jefe comunal, razón por la cual se solicita la intervención, en base a lo que establece la propia Constitución Nacional y las leyes complementarias.

Manoseo en pandemia y compras fantasmas

Pero las irregularidades no se limitan a la administración de Hilario, sino también a la de su hermano, el exgobernador y diputado electo, Domingo Adorno.

Por ejemplo, días atrás nos enteramos que con Adorno al frente, la Gobernación del Alto Paraguay realizó millonarios desembolsos para comprar cubiertas para sus vehículos. Sin embargo, los mismos siguen todos parados en el predio de la institución.

La administración del exgobernador y actual diputado electo por este departamento chaqueño, el colorado José Domingo Adorno, compró 68 cubiertas para maquinarias de la institución, por un monto cercano a los G. 300 millones. Sin embargo, casi todas las máquinas están en desuso sobre tacos de madera, en el taller de la Gobernación en Fuerte Olimpo.

Esto fue revelado por informes de la comisión de Hacienda de la Junta Departamental del Alto Paraguay.

El presupuesto de la Gobernación del Alto Paraguay del año 2022 fue de G. 42.000 millones. Los ediles detectaron supuestas irregularidades cometidas por el exjefe departamental por un monto superior a los G. 2.100 millones.

Tan grave es el caso de la compra de las cubiertas que el funcionario que supuestamente firmó la recepción de las mismas, fue quien acudió a la Fiscalía para denunciar la falsificación de la signatura.

El exgobernador y actual diputado electo por este departamento chaqueño, el colorado José Domingo Adorno,

“Mino” Adorno ya había sido denunciado ante la Fiscalía por irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República con respecto al uso del Fondo de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.

Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.

Concejales departamentales se ratificaron en la denuncia planteada por el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.

Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.

En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.

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