La Junta Municipal de Puerto Casado se ratificó en el rechazo de la rendición de cuentas del imputado intendente casadeño, el colorado oficialista Hilario Adorno. Esta es apenas una más de un largo historial de irregularidades que afectan al clan que domina el Alto Paraguay.
Los ediles se presentarán este miércoles a varias instituciones en Asunción a dar seguimiento a la investigación sobre supuestos hechos punibles de usos indebidos de los recursos municipales por parte del intendente municipal
Adorno es uno de los seis intendentes que aún no presentaron rendiciones de cuenta sobre el destino que le dio a más de G. 760 millones que recibió la comuna a su cargo en el primer cuatrimestre del año, de fondos provenientes de Fonacide y Royalties.
El jefe comunal casadeno fue imputado en abril pasado por haber utilizado fondos de la comuna para comprarse una camioneta nueva. El vehículo supuestamente iba a ser utilizado por la comuna casadeña, pero terminó a nombre del político, según un informe de Fiscalía.
La camioneta nueva de Hilario
El caso se inició por la denuncia de varios concejales municipales en la que se alertó de la situación.
De acuerdo al relatorio de hechos, el 15 de julio de 2022, la Junta Municipal de Casado resolvió solicitar a la intendencia informes sobre la compra de una camioneta Mitsubishi tipo L200 Triton Sport 0Km modelo 2022.
Como respuesta, Adorno remitió una nota en la que informaba que se había realizado un proceso de adquisición “para el Ejecutivo comunal”.
“Se ha realizado el procedimiento administrativo con invitación a los posibles oferentes para la adquisición de la camioneta de uso exclusivo para la administración municipal, previa autorización de la Junta Municipal”, comenzaba diciendo el documento.
Adorno sostuvo que se evaluaron las ofertas “más económicas y la más conveniente”, por lo que se terminó eligiendo a la firma Nipon Automotores SA.
En concreto, se pretendía destinar más de G. 329 millones, que se pagarían con una entrega de G. 50 millones y cuotas de G. 5 millones. Los concejales denunciantes fueron llamados a declarar y se ratificaron en que la camioneta fue pagada con un cheque cargo Banco Nacional de Fomento a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado, pero que el vehículo se adquirió a nombre de Hilario Adorno y no a nombre de la comuna.
Este punto fue reforzado con base en los informes remitidos por la firma concesionaria en el que se relató que el cliente era Hilario Adorno, no la comuna casadeña.
La firma Nipon Automotores SA también remitió el contrato de compra-venta de la lujosa camioneta en la que, nuevamente, es Hilario Adorno el que aparece como comprador a título personal, no en representación de la intendencia.
Como si todo esto no fuera suficiente, la Oficina Registral del Registro del Automotor confirmó que el vehículo en cuestión estaba registrado a nombre de Hilario Adorno Mazzacote.
“Hilario Adorno utilizó dinero o rubro de la Municipalidad en beneficio personal, a fin de hacer una entrega inicial para la adquisición de un automotor que debía estar a nombre del ejecutivo municipal”, señala la imputación.
Largo historial
Pero estas son apenas dos de un historial todavía más largo. Esperando que el lector tenga tiempo, les contamos alguna más.
El grupo familiar está encabezado por José Domingo “Mino” Adorno, gobernador del departamento chaqueño y diputado electo gracias al Partido Colorado.
El Ministerio Público designó en diciembre pasado al fiscal de Concepción Carlomagno Alvarenga como responsable de la investigación abierta sobre el cuestionado Hilario Adorno, colorado oficialista e intendente de Puerto Casado. En ese caso fue por desvío de dineros y otros hechos más.
“Mino” es seguido por su hermano, Hilario Adorno, quien se desempeña como intendente de Puerto Casado. Precisamente la denuncia más reciente contra el clan apunta al jefe comunal. Concejales municipales casadeños acercaron a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Diputados y hasta al Ministerio de Hacienda una serie de denuncias sobre irregularidades groseras cometidas por la administración de Adorno.
Entre las denuncias figuran el desvío de dinero, la emisión de cheques sin fondos para el pago a proveedores, la adquisición de bienes por parte del intendente aparentemente con recursos de la municipalidad y el no pago de salario a funcionarios y ediles.
El caso llegó a la Cámara de Diputados, donde la legisladora Rocío Vallejo planteó un pedido de informes aprobado por el pleno y en el que solicitan detalles de la situación patrimonial de la institución.
Pero Hilario no es el único miembro del clan Adorno con varias denuncias en su contra. El gobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno fue denunciado ante la Fiscalía por irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República con respecto al uso del Fondo de Emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Concejales departamentales se ratificaron en la denuncia planteada por el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.
Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos. El informe agrega además una larga lista de otras irregularidades detectadas por la CGR.
El caso es manejado por el fiscal Juan Ledesma, quien hace meses tiene la causa pero no ha realizado imputación alguna.
