Debido a dos chicanas pendientes en la Cámara de Apelaciones no se pudo llevar a cabo en la mañana de este lunes la audiencia preliminar de la fiscala suspendida Ana Girala y otros cinco acusados por el presunto esquema de “apriete” que funcionaba en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo. La agente tiene arresto domiciliario, pero llegó hasta el Palacio de Justicia sin custodia policial.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás suspendió de la audiencia preliminar para la fiscala Ana Girala y otros cinco acusados de supuesto cohecho pasivo, extorsión, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y persecución de inocentes; debido a la Cámara de Apelaciones no comunicó hasta ahora la resolución sobre dos recursos planteados por las defensas.
El magistrado explicó que los recursos planteados por las defensas de Ana Girala y otra coacusada, en contra de la admisión de la acusación, ya habrían sido resueltos por la Cámara de Apelaciones, pero su juzgado no fue notificado aún de esas decisiones, en consecuencia, tuvo que suspender la diligencia.
Los demás acusados en la presente causa penal son Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal de Girala, y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, secretaria de la unidad fiscal de San Lorenzo; sindicadas como coautoras de los hechos punibles de extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y persecución de inocentes.
También están acusados y con pedido de juicio oral los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión tráfico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por supuesto soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal; y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
Ana Girala, suspendida en sus funciones como fiscala y actualmente con arresto domiciliario en el proceso que afronta, llegó hasta el Palacio de Justicia de Asunción sin ningún tipo de custodia policial e ingresó por el acceso principal acompañada de su defensor Abg. Juan Rafael Ramírez Rolón.
Esta situación violó el protocolo que establece que una persona procesada con arresto domiciliario debe ser buscada por la Policía de su lugar de arresto y llevada en una patrullera hasta el juzgado, para cualquier tipo de diligencia.
Recién cuando Girala se apersonó en la ventanilla de la secretaría del juzgado de Garantías, los agentes de seguridad del Palacio de Justicia la trasladaron hasta el retén, donde la misma debió estar desde su llegada a la sede judicial.
Esto molestó a su defensor, el Abg. Juan Rafael Ramírez Rolón, quien increpó a los periodistas y reporteros gráficos que estaban realizando la cobertura en el lugar, por filmar el ingreso de Girala hasta el sitio y el momento en que la fiscala suspendida era esposada por los efectivos policiales.
