La fiscala Zunilda Ocampos ha proporcionado detalles sobre la denuncia en contra de dos policías, Pedro Antonio Blanco y Richard René Rojas, quienes han sido imputados en un caso relacionado con el apriete a un comerciante en Luque. Este caso se suma a uno similar que ocurrió en Ciudad del Este, en el cual también están involucrados estos mismos agentes.
Ocampos ha informado que ambos policías están bajo custodia y enfrentan acusaciones de privación ilegítima de libertad. En el incidente en Luque, cinco agentes en total, incluidos Luis Miguel Colmán, Ramón García y Carlos Antonio Aquino, están imputados por supuestamente secuestrar a un comerciante para despojarlo de una importante suma de dinero. Se ha mencionado que al menos tres de estos policías también estarían relacionados con casos similares.
La fiscala Zunilda Ocampos ha destacado que la pareja del joven involucrado en el caso de Ciudad del Este realizó la denuncia en mayo pasado, alegando que cuatro policías ingresaron a su vivienda, revisaron sus pertenencias y exigieron dinero para evitar ser presentados ante las autoridades. Ocampos ha subrayado que estos agentes no tenían una orden judicial para ingresar a la vivienda y que se llevaron al joven bajo un procedimiento irregular. Aunque la pareja reconoció que eran consumidores de drogas, alegaron que los policías plantaron pruebas y falsificaron un acta.
La fiscala también ha explicado que se solicitaron pruebas periciales, incluida la desgrabación y análisis de un video de circuito cerrado, para respaldar la investigación. Esta evidencia debe ser evaluada por un perito, lo que podría tomar entre 30 a 40 días para obtener resultados.
El comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, ha sido separado de su cargo para permitir que se lleven a cabo investigaciones sin interferencias.
En resumen, la fiscala Zunilda Ocampos está manejando una investigación que involucra a policías acusados de conducta irregular y posibles abusos de poder en casos de aprietes y privación de libertad. La detección de un patrón de comportamiento similar en casos anteriores resalta la necesidad de un enfoque serio en la reforma y supervisión policial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia en el sistema de aplicación de la ley.
