Senador acusa al Contralor por el informe sobre Peña
El senador Rubén Velázquez cuestionó duramente el informe final de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de correspondencia de bienes del presidente Santiago Peña, y pidió el juicio político del titular del organismo, Camilo Benítez. Según informó El Nacional, el legislador planteó que la conducta del contralor podría configurar el delito de frustración a la persecución penal.
El planteo, expuesto en el recinto del Senado, abrió un nuevo capítulo en torno al examen patrimonial del mandatario, que la propia CGR cerró el 25 de mayo de 2026 sin observar irregularidades y que Peña reivindicó como un proceso «técnico» del que esperaba un pedido de disculpas, conforme a las coberturas de La Nación y ABC Color.
Las acusaciones del senador
Velázquez repasó la evolución del patrimonio declarado por Peña, según El Nacional: G. 1.300 millones al dejar el Ministerio de Hacienda en 2017, G. 23.000 millones al asumir la Presidencia en 2023 y más de G. 24.500 millones en la declaración posterior. Sobre esa base, el senador deslizó una hipótesis fuerte: «Estamos hablando de un posible caso de enriquecimiento ilícito en esos años. ¿Cómo es posible que durante el estudio de correspondencia de bienes fue modificada otra vez la declaración jurada del presidente?», expresó, conforme consignó el medio.
El legislador calificó la auditoría de «lamentable» y sostuvo que la modificación de la declaración en pleno examen «cambia, altera y desvía totalmente la auditoría realizada». También acusó al contralor de haber favorecido al jefe de Estado: «Fue el blanqueamiento al presidente de la República», dijo. Y planteó la imputación más dura: «Claramente se cometió el delito de frustración a la persecución penal», al sostener que Benítez «intencionalmente está ayudando al presidente Santiago Peña a eludir la justicia» y «obstaculizando las investigaciones del Ministerio Público».
Velázquez cerró su intervención con el pedido de juicio político: «Está demostrando que está sometido al poder de turno y nosotros no podemos tener esta clase de personas al frente de la Contraloría General de la República». EPI consigna estas afirmaciones como expresiones del senador opositor; no las adopta como caracterización propia ni atribuye responsabilidad penal a las personas mencionadas.
Qué dice el informe de la CGR
El informe final de la Contraloría, divulgado el 25 de mayo de 2026, concluyó que existe correspondencia entre ingresos y egresos en la evolución patrimonial del presidente y descartó irregularidades, según La Nación. El examen, conducido por la dirección de Declaraciones Juradas a cargo de Armindo Torres, analizó tres tramos: el período 2014–2017 en el BCP y Hacienda (descrito como un «crecimiento patrimonial sustentable»), el período 2018–2023 en el sector privado (G. 21.672 millones, fuera de competencia de la CGR por no tratarse de función pública) y el actual mandato presidencial, desde 2023 hasta setiembre de 2025.
Sobre uno de los puntos más comentados, la vivienda en San Bernardino, Torres afirmó que «no existe nada irregular sobre la construcción de la casa», conforme al mismo medio. El propio Peña había solicitado el examen en octubre de 2025, tras presentar una nueva declaración jurada en medio de cuestionamientos opositores.
La respuesta del presidente
Tras conocerse el dictamen, Peña reivindicó la auditoría y devolvió las críticas. «Hubieron preguntas, hubieron respuestas, eso fue un trabajo técnico que llevó muchísimos meses», expresó, según ABC Color. Y reclamó «un pedido de disculpa por parte de aquellos que tanto me atacaron».
El mandatario explicó además la modificación que motivó la mayor controversia: el 15 de abril de 2026, durante el examen, presentó una «nota aclaratoria» para regularizar omisiones de inmuebles, acciones y bonos y errores de cálculo, con el argumento de «coadyuvar» con la revisión, asegurando que los activos involucrados tenían «trazabilidad completa». El dictamen final fue remitido al Ministerio Público en mayo de 2026.
Lo que sigue
El pedido de juicio político al contralor requiere, para prosperar, los respaldos parlamentarios que el sector opositor por sí solo no reúne. En paralelo, la remisión del dictamen al Ministerio Público abre la posibilidad de que la Fiscalía adopte una posición autónoma sobre el contenido del informe. La discusión política y administrativa, mientras tanto, seguirá moviéndose entre la versión del Senado opositor, la postura institucional de la Contraloría y la defensa del propio mandatario.
🔗 Fuentes:
El Nacional — «Senador acusa al Contralor de frustrar persecución penal y pide su juicio político»
La Nación — «Contraloría concluye que no existen irregularidades en el patrimonio de Peña»
ABC Color — «Peña exige disculpas por críticas a sus bienes»
🗳️💬 ¿Vos qué pensás? ¿El informe de la Contraloría cierra la discusión, o las dudas planteadas por la oposición merecen una revisión adicional?
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