Dirigencia oficialista se instala con altos salarios en Yacyretá
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vuelve al centro del debate político tras revelarse que una parte importante de su alta dirigencia está integrada por referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con remuneraciones que incluso superan al salario del presidente Santiago Peña.
Millonarias remuneraciones y estructura partidaria
Un informe publicado a partir del análisis de planillas internas de la EBY detalla que en marzo de 2026 se destinaron G. 4.305.164.049 (USD 684.000) solo en bonificaciones. Además, al menos 92 funcionarios perciben ingresos superiores a los G. 37.908.800 que cobra el jefe del Ejecutivo.
Entre los principales nombres aparece el director paraguayo de la binacional, Luis Benítez, quien en ese mes percibió G. 136.969.485 sumando salario, bonificaciones y viáticos.
Movimientos políticos y designaciones estratégicas
Para asumir en la EBY, Benítez renunció a su banca en Diputados, lo que permitió el ingreso de Fabiana María Souto de Alliana, esposa del vicepresidente Pedro Alliana, actualmente proyectado como figura presidencial para el 2028.
Dentro del Consejo de Administración también figuran dirigentes vinculados al oficialismo, varios de ellos integrantes de la Junta de Gobierno de la ANR. Entre ellos:
- Fernando Ayala, protesorero de la ANR, con ingresos de G. 112.959.720.
- Germán Gneiting, exintendente de Carmen del Paraná, con igual remuneración.
- Miguel Olmedo, designado como consejero en mayo de 2025 por Alliana, también con G. 112.959.720.
Otros consejeros, aunque no integran la Junta, mantienen vínculos políticos relevantes:
- Martín Arévalo, exsenador y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien participa en actividades proselitistas.
- Michel Flores, exintendente de Villa Florida, con antecedentes políticos en Misiones.
Cuestionamientos por presunto prebendarismo
Las cifras generaron críticas desde sectores opositores, que denuncian prácticas clientelares y el incumplimiento de la Ley 6622/20, conocida como Ley Godoy, que establece que ningún funcionario público debe percibir un salario superior al del presidente.
El senador Éver Villalba (PLRA) cuestionó la falta de avances en la reestructuración estatal:
“Desde el día uno que nos habían presentado como la panacea del cambio (…), y hasta ahora no ha mostrado resultado”.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) señaló:
“¿Cuál es la realidad? Nepobabies entran sin concurso público, salarios que tienen mucho más altos que el propio presidente (…) la vieja práctica clientelar, prebendaria”.
Debate sobre uso de recursos públicos
Desde la Cámara de Diputados también surgieron críticas. El legislador Raúl Benítez afirmó:
“Itaipú y Yacyretá deben ser sinónimo de desarrollo (…) y no, nosotros estamos gastando en hurreros”.
En la misma línea, el diputado Luis Federico Franco comparó estos salarios con los ingresos de profesionales de salud, indicando que médicos especializados perciben entre G. 4 y G. 5 millones, según datos del IPS.
Este escenario se da en medio de un contexto político marcado por internas partidarias y debates sobre el uso de recursos del Estado.
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