Cuestionan esquema de Opaci en sistema de licencias
La Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de debate político tras el impulso de un proyecto de ley que busca retirar a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) de la gestión de registros de conducir. Legisladores cuestionan el esquema actual y plantean que el Estado asuma el control total del sistema.
Cuestionamientos al rol de la Opaci
El proyecto propone modificar artículos de la Ley de tránsito para que la Agencia Nacional de Tránsito administre plenamente el sistema de registros, incluyendo la base de datos de conductores. Actualmente, esa información está bajo control de la Opaci, una entidad privada integrada por municipios.
Uno de los puntos más críticos es el cobro de G. 10.000 por cada trámite de licencia —expedición, renovación o anulación—, que, según los impulsores, constituye una recaudación constante sin controles claros ni rendición pública.
Críticas desde el Congreso
El diputado Miguel Martínez cuestionó duramente el modelo vigente: “no se puede permitir que una organización ajena al Estado maneje datos sensibles de la ciudadanía y, al mismo tiempo, cobre por ese servicio”.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo señaló la necesidad de terminar con el esquema actual, al que calificó de poco transparente, y sostuvo que la ciudadanía no debería financiar una estructura paralela cuando el Estado podría encargarse del sistema.
Defensa del modelo vigente
Desde la Agencia Nacional de Tránsito, la directora de Licencias, Susana Medina, defendió el esquema actual y recordó que la legislación vigente establece la participación de la Opaci en la gestión del registro nacional.
Entre los argumentos, se mencionó la complejidad operativa de transferir la base de datos al Estado y reorganizar el sistema a nivel nacional. Desde la Opaci también indicaron que su trabajo permite una articulación con los municipios difícil de replicar en el corto plazo.
Dudas sobre la recaudación
Uno de los puntos que generó mayor tensión fue la falta de datos concretos sobre la recaudación anual. Tanto representantes de la Agencia como de la Opaci admitieron no manejar cifras precisas, lo que incrementó las sospechas entre legisladores.
Además, se remarcó que, al tratarse de una entidad privada, la Opaci no está obligada a someterse a los mismos controles que las instituciones públicas, lo que refuerza las críticas sobre la transparencia del sistema.
Un debate con antecedentes
El escenario no es nuevo. Una iniciativa similar fue rechazada el año pasado con respaldo del oficialismo, lo que permitió la continuidad del esquema actual.
El nuevo proyecto recién inicia su trámite legislativo y aún no tiene fecha de tratamiento en el pleno, pero vuelve a instalar el debate sobre el manejo de recursos públicos, la transparencia y el rol del Estado frente a estructuras paralelas.
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