Viveros vuelve al foco tras resolución en su caso

Confirman condena a Viveros por estafa millonaria

El caso del farandulero Carlos Viveros quedó firme en segunda instancia. El Tribunal de Apelación confirmó la condena de dos años de prisión por estafa y ratificó la obligación de resarcir a la víctima por un perjuicio económico que asciende a G. 330 millones.

Tribunal ratifica responsabilidad penal

El Tribunal de Apelación, integrado por las jueces Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, confirmó el fallo dictado en octubre de 2025 por un tribunal de sentencia, que declaró culpable a Carlos Viveros por el delito de estafa.

Según la resolución, fueron determinantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien explicó cómo se desarrolló la operación comercial. Este testimonio fue respaldado por Horacio Cohelo De Souza y Emanuel Martínez, quienes aportaron elementos sobre la transacción del vehículo.

Pruebas documentales y operación cuestionada

Durante el juicio oral, se incorporaron documentos clave, entre ellos el contrato de compraventa que establecía las condiciones del acuerdo entre las partes. Estas pruebas permitieron a los magistrados confirmar la responsabilidad del condenado.

De acuerdo con la investigación, Viveros vendió un Ford Mustang negro, año 2015, a la empresa OMAM SA. Como parte del pago, la víctima entregó dinero en efectivo y un vehículo Mercedes-Benz.

Embargo previo y perjuicio económico

El eje del caso radica en que el Mustang contaba con una orden de embargo previa a la venta. Esta situación derivó en el secuestro del rodado, dejando a la empresa compradora sin el vehículo y sin el dinero invertido.

En ese contexto, el fallo ratificado establece que Carlos Viveros deberá indemnizar a la víctima en un plazo de 36 meses por un monto aproximado de G. 330 millones.

Situación procesal actual

Con esta decisión de segunda instancia, la condena queda confirmada en el ámbito del Tribunal de Apelación. El condenado deberá cumplir la pena impuesta y avanzar en el resarcimiento económico fijado por la Justicia.

No se menciona en el expediente si la defensa interpondrá nuevos recursos, por lo que ese punto queda pendiente de verificación.


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