Mafia de los pagarés: informe revela uso del Estado como cobrador
La Comisión investigadora del Senado presentó su segundo informe y expuso un esquema que afecta a 6.600 víctimas, con un promedio de ocho embargos por persona. El 87% vive en el interior y debe litigar en Asunción, lo que genera indefensión y cargas económicas extremas. “Se vulnera totalmente la libertad y los derechos”, advierte el senador Rafael Filizzola.
Víctimas desbordadas: ocho embargos por persona y juicios lejos de casa
La Comisión que investiga la llamada mafia de los pagarés registró 6.600 víctimas, con un promedio de ocho embargos cada una.
El 87% vive en el interior del país, pero los juicios ejecutivos se concentran en Asunción y Central, lo que obliga a un traslado constante de cientos de kilómetros.
El senador Rafael Filizzola describió la situación como una desventaja estructural: personas que viajan desde el Chaco y otros puntos del país, sin documentos y sin recibir casi salario por los embargos automáticos.
“Se les gana por cansancio, están en indefensión”, afirmó.
La Comisión también resaltó el caso de docentes indígenas, con 14 embargos en promedio, una de las cifras más extremas del informe.
Volumen del daño: 333.005 juicios y G. 2,2 billones embargados
El informe detalla 333.005 juicios ejecutivos activos que afectan a las víctimas.
Las retenciones alcanzan G. 2,2 billones, equivalentes a USD 314 millones, descontados de manera automática a través de juzgados y giradurías.
Cinco juzgados de Paz concentran la mayor carga:
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La Encarnación (31%)
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La Catedral
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La Recoleta
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San Roque
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Villa Morra
La mayor parte de los afectados son funcionarios: 64% docentes del MEC, 16,4% del Ministerio de Salud, 3,5% del IPS, 2,7% del Hospital de Clínicas, y el resto distribuido en 51 instituciones públicas y privadas.
Hallazgos: descuentos automáticos sin verificación documental
La Comisión identificó un patrón reiterado: descuentos automáticos sobre salarios de funcionarios activos y jubilados, aplicados desde giradurías institucionales sin control documental.
El informe señala que:
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Las instituciones ejecutan descuentos mensuales solo con una planilla, sin verificar pagarés ni documentos.
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Los débitos se realizan vía asociaciones, instituciones y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
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El BNF no devuelve los pagarés a las víctimas, lo que permite su uso reiterado en nuevas demandas.
Revocar esos descuentos es prácticamente inviable.
“Es imposible”, señaló Filizzola, quien agregó:
“La persona se estrella contra una muralla cuando dice que ya no autoriza el descuento”.
Estado como cobrador: la crítica más dura del informe
La Comisión denunció que el sistema judicial y administrativo opera como mecanismo automático de cobro, incluso sin documentación consistente.
Según Filizzola:
“Se vulnera totalmente la libertad y el derecho de disponer del salario. Usan al Estado como cobrador”.
El informe fue entregado a la Mesa Directiva del Senado y forma parte del segundo paquete de hallazgos sobre el esquema “judicial, empresarial” que también involucra ministerios y al BNF.
La asistencia a víctimas continúa mientras el Congreso analiza los próximos pasos regulatorios y eventuales denuncias penales.
🔗 UH – Comisión de mafia de los pagarés saca nuevo informe: “Usan al Estado como cobrador”
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