Ex ujier reveló supuesto reparto del 30% con una jueza
El ex ujier Édgar Ayala declaró ante el juez Humberto Otazú que la jueza de Paz Nathalia Garcete, acusada en el caso de la “mafia de pagarés”, le propuso entregar el 30% de lo recaudado por las llamadas notificaciones voladoras. El testigo pidió acogerse a la suspensión condicional del procedimiento.
Declaración ante el juez Otazú
Durante la audiencia preliminar, el ex ujier relató que ingresó al Juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno, en abril de 2021, cuando aún era estudiante de Derecho. Contó que desde el primer día fue instruido por la jueza Garcete para “mantener el ritmo” del juzgado y delegar notificaciones a motociclistas que colaboraban como deliverys.
Según Ayala, los procuradores y abogados de empresas de cobranza llevaban las cédulas ya impresas debido a la precariedad de recursos del despacho: “Solo teníamos una impresora vieja, de las que funcionan con cinta. Teníamos que usar papel carbónico para agilizar el trabajo”, explicó.
También dijo que los procuradores solían entregar entre 150 y 200 cédulas por semana, acompañadas de planillas con montos inferiores a los establecidos por la Corte Suprema de Justicia.
“La jueza se quedaba con el resto”
El ex ujier relató que, semanas después de su ingreso, mantuvo una reunión en el despacho de Garcete, donde la magistrada le propuso repartir los ingresos de las notificaciones: “Del total recaudado, me correspondía el 30% y el resto era para ella”.
Ayala aseguró que el mecanismo se mantuvo hasta su renuncia en 2023. “Guardaba las planillas y recibos debajo de mi escritorio”, dijo, y agregó que la jueza “observaba el normal funcionamiento de la secretaría” mientras firmaba resoluciones.
Reconoció que la situación lo afectó psicológicamente y expresó arrepentimiento: “Fallé como persona y como profesional”, afirmó ante el tribunal.
Causa por prevaricato y documentos falsos
La fiscala Belinda Bobadilla ratificó la acusación presentada por el Ministerio Público contra Nathalia Garcete y otros funcionarios del Juzgado de Paz por prevaricato, instigación al prevaricato y producción y uso de documentos públicos falsos.
El proceso involucra a 14 personas, aunque solo nueve participaron de la audiencia preliminar. Con relación a los otros cinco acusados, el juez Otazú suspendió la diligencia y advirtió que podrían ser sancionados si persisten las dilaciones.
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