Intendenta de Valenzuela afrontará juicio oral con arresto domiciliario
El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral la causa contra la intendenta de Valenzuela Mirtha Fernández (PLRA) y otros seis acusados. El proceso se centra en un presunto desvío de G. 1.999 millones durante su gestión municipal en 2019.
Delitos atribuidos y decisiones del juez
Los fiscales formularon acusación contra Fernández por lesión de confianza, declaración falsa y otros delitos. El magistrado excluyó la figura de asociación criminal, al considerar que los hechos no encajaban en ese tipo penal. Además, rechazó incidentes planteados por la defensa, como nulidad de la acusación, sobreseimiento o suspensión del procedimiento.
Medidas cautelares
El fallo dispuso arresto domiciliario para Fernández y los demás imputados, entre ellos el tesorero municipal Cristian David Flecha Fernández y varios proveedores del Estado. La intendenta deberá presentar una fianza de G. 1.400 millones, correspondiente a un inmueble. El juez denegó el permiso laboral solicitado por la defensa, limitando sus salidas a trámites puntuales en la Municipalidad.
Obras inconclusas: el caso Piraretá
La acusación fiscal también se apoya en denuncias ciudadanas. Una de las obras figura como “construcción de empedrado en la Compañía Piraretá”, financiada con recursos de Fonacide y adjudicada a la empresa BC Constructora. Documentos oficiales registran el desembolso, pero en el lugar nunca se ejecutó el trabajo.
El tramo en cuestión conduce a la Escuela Graduada N° 453 Doña Isabel Llamosa de Vázquez, al Colegio Nacional Piraretá, a la iglesia y al centro de salud de la colonia. Actualmente sigue siendo un lodazal intransitable en días de lluvia, según se observa en imágenes recientes.
Un lugareño señaló:
“Ese es uno de los caminos principales que hizo figurar como empedrado, que jamás se hizo, camino a una escuela y colegio. Y sigue siendo un lodazal”.
Una nueva imputación
Además de este proceso, la intendenta enfrenta una nueva imputación de la fiscala Betti Brítez, que la vincula a otro presunto desfalco de casi G. 300 millones en 2021 y 2022. Según la investigación, Fernández habría adjudicado obras de enripiado y empedrado que tampoco se realizaron, valiéndose de documentos falsos para justificar pagos con fondos públicos.
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