Denuncian maniobra en Diputados para blanquear a funcionario imputado por cobro indebido
La abogada Gessy Ruiz Díaz denunció una presunta maniobra institucional en la Cámara de Diputados para justificar el ejercicio privado de la abogacía por parte de Willian Bogarín Campuzano, funcionario con más de 24 años de antigüedad y un salario mensual superior a G. 19 millones. El mismo está imputado por cobro indebido de honorarios, tras participar como abogado en un juicio sucesorio, donde habría recibido al menos USD 30.000.
El caso se remonta a una intervención de Bogarín en representación de colonos, promoviendo incluso una sucesión en la que cobró por sus gestiones, pese a estar prohibido por ley. La defensa de la familia afectada afirma que se violó claramente la Ley de la Función Pública, que prohíbe a funcionarios litigar para terceros.
“La ley es clara y fue violada”
“Este funcionario intervino activamente en un juicio civil, lo cual está expresamente prohibido. La ley de la función pública impide ejercer la profesión legalmente fuera del ámbito personal o familiar”, afirmó Ruiz Díaz, representante de la familia Friessen, en entrevista con El Observador Radio-TV.
Según la abogada, el Ministerio Público confirmó mediante varios informes que Bogarín no contaba con autorización institucional para ejercer la abogacía. La ex Secretaría de la Función Pública también ratificó la normativa que rige sobre el caso, en especial el artículo 60, inciso H, que prohíbe este tipo de prácticas.
“Si estaba cumpliendo horario laboral, entonces cobraba del Estado mientras ejercía ilegalmente otra actividad. Eso se llama cobro indebido”, remarcó.
Cámara de Diputados habla de “laguna legal”
Ante la consulta periodística, Máximo Medina, asesor jurídico y director interino de Recursos Humanos de Diputados, admitió que no existía autorización formal para que Bogarín Campuzano ejerza como abogado. Sin embargo, sostuvo que el tema es “debatible”, al mencionar que existe una supuesta “laguna legal”.
Medina alegó que el Código de Organización Judicial solo prohíbe el ejercicio profesional a funcionarios del Ejecutivo y Judicial, y que no es claro respecto a los del Legislativo. Afirmó que el Congreso remitió una consulta a la Corte Suprema y que la nueva ley también hace referencia a dicho código.
Para Ruiz Díaz, esta postura es alarmante: “Decir que hay una laguna legal es abrir la puerta a más cobros indebidos. No solo hablamos de ilegalidad, sino también de evasión fiscal si no hay facturas por esos pagos”.
Rechazo a “blanqueo institucional”
La jurista sostuvo que permitir este tipo de interpretaciones institucionales implica blanquear un delito. “Es lógico que el Congreso no puede permitir que sus funcionarios trabajen para terceros en horario laboral. Esto es claramente una doble percepción de haberes y debe investigarse a fondo”, expresó.
La Fiscalía ya imputó a Bogarín por cobro indebido, con base en estos elementos. Para Ruiz Díaz, el caso está sólidamente fundamentado y el Congreso debería tomar posición.
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Funcionarios de Diputados y del Senado tenemos por todo el País, cobrando jugosos salarios, llama la atención que estan como los famosos comisionado