Auditoría en puerta tras transferencia de bienes de Alexandre Gomes a abogado
El miércoles 17 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría urgente en la Dirección de Registros Públicos, luego de que su titular, Lourdes González de Muñoz, denunciara que se levantó una inhibición sobre varias propiedades de Alexandre Rodrigues Gomes, a pesar de que seguía vigente.
La denuncia se centra en que alguien levantó irregularmente la medida cautelar, lo que permitió la transferencia de cuatro inmuebles a nombre del abogado Óscar Tuma.
Transferencia a abogado y denuncia a fiscalía
El fiscal Andrés Arriola confirmó que la inhibición general fue dictada el 19 de agosto de 2024 y que aún seguía registrada cuando se hicieron las transferencias. Por ello, la Corte dispuso que se remita el caso al Ministerio Público para una investigación penal.
Tuma, por su parte, indicó que los inmuebles le fueron transferidos como pago por honorarios profesionales, y que la operación se realizó antes de que existiera cualquier anotación registral de medida cautelar. Sostuvo que la inhibición general no implica una prohibición de innovar, y por tanto no impide automáticamente una transferencia.
Rol del Registro y posible manipulación
La funcionaria denunciada habría usado su PIN de acceso interno para operar el sistema informático y levantar la inhibición, lo que constituye una posible falta grave. La Corte Suprema ordenó auditar la actuación de todos los involucrados en el caso, y no descarta sanciones administrativas o penales.
La auditoría interna se encuentra en curso, y podría extenderse a otras actuaciones similares ocurridas en el mismo periodo, como medida de control y verificación institucional.
Defensa del abogado Tuma
El abogado Óscar Tuma defendió la legalidad de la transferencia al sostener que no existía impedimento registral cuando se concretó el traspaso de los bienes. Alegó que se trató de una remuneración profesional pactada previamente y advirtió que la fiscalía debió actualizar sus registros en tiempo y forma.
Tuma señaló que hay una diferencia legal entre inhibición general y prohibición de innovar, y que en este caso no se configuró ninguna irregularidad desde su actuación como abogado.
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