Según la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia, se documenta una presunta manipulación de expedientes para conseguir juez a medida
Medidas cautelares exprés, acciones judiciales a mansalva, vulneración de garantías básicas, señales de corrupción y una jueza que ya fue cuestionada hace no mucho tiempo.
Una grave denuncia fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia: los abogados Patricia Luján Duarte Ramírez e Iván Balbuena Ruiz Díaz habrían intentado anular una intervención judicial vigente y favorecer a una de las partes en conflicto.
El denunciante, quien fue nombrado por resolución judicial el 2 de abril de 2025 como administrador judicial de Biotécnica S.R.L., sostiene que los abogados interpusieron una serie de demandas “calcadas” para que la cuestión recayera ante una jueza considerada “a medida”.
Según publicaciones judiciales y periodísticas, Balbuena es considerado hombre fuerte del entorno del usurero y exdirigente deportivo ya condenado por usura y lavado de dinero, Ramón González Daher (condenas de 15, 7 y 6 años), y cercano al empresario procesado Carlos Andrés Oleñik Memmel. No obstante, aunque Balbuena no registra condena firme, se halla imputado y con orden de captura pendiente en una causa vinculada al clan RGD. El denunciante señala además que Balbuena es hijo de la jueza en lo Civil y Comercial, Marlene Ruiz Díaz.
Según la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia, el resultado de esta presunta maniobra habría sido la obtención de una medida cautelar que suspendió los efectos de la intervención y permitió la expulsión del administrador del local comercial.
Un patrón repetitivo y sospechoso
Según detalla el escrito de denuncia, los abogados presentaron cinco expedientes casi idénticos en distintos juzgados, con el único objetivo de “pescar” un juzgado favorable, anular la intervención judicial y permitir el reingreso de los directivos desplazados.
Los expedientes fueron presentados por separado en diferentes juzgados y, siempre de acuerdo con la denuncia, la jueza Rossana Elizabeth Frutos Olguín habría dictado una medida a favor de los denunciantes en un tiempo récord.
El denunciante afirma que los abogados sabían perfectamente que el expediente principal seguía vigente, pero aun así presentaron las acciones paralelas para obtener una resolución favorable sin debatir en el proceso original.
Falta de control y presunta parcialidad judicial
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia apunta al accionar de la jueza Frutos Olguín: se señala que habría firmado la medida sin siquiera revisar el expediente principal y que lo hizo en menos de dos horas. El escrito alega que esta actuación podría considerarse una grave violación al principio de legalidad, pues dejó sin efecto una orden judicial anterior, dictada por otro juzgado competente, y aún vigente.
En este sentido, la denuncia pide que se investigue si la jueza habría incurrido en prevaricato y cohecho, elevando copias al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público.
Se socava la estructura judicial
El fondo del conflicto gira en torno a una disputa interna por el control societario y financiero de Biotécnica S.R.L., tramitado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno.
Sin embargo, tras apenas cuatro días del nombramiento de González Ferreira como administrador judicial, la denuncia sostiene que ya se había montado la operación judicial para apartarlo.
“Mi actuación es la de un auxiliar de justicia, cumpliendo una orden del tribunal competente. Lo que solicito es que se investigue y sancione esta práctica”, concluye el denunciante, que además plantea una medida de urgencia: la cancelación de matrícula de los abogados involucrados.
Una práctica peligrosa
La denuncia deja al descubierto una práctica que pone en riesgo la confianza pública en la administración de justicia. De comprobarse, advierte el escrito, sería una fisura institucional que exige una respuesta inmediata y transparente para el Poder Judicial, y compromete su credibilidad.
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