Juez Otazú impone restricciones a imputados por estafa millonaria
El juez Humberto Otazú concedió medidas alternativas a la prisión preventiva para varios imputados en el caso conocido como la mafia de los pagarés. Entre ellos se encuentran Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, presidente y gerente general de Serfín S.A., y Gloria Isabel Morínigo Gill, actuaria del Juzgado de Paz de Recoleta. Ambos enfrentan cargos relacionados con la producción y uso de documentos falsos, así como prevaricato en calidad de cómplice.
Las medidas impuestas incluyen:
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Residencia obligatoria en el domicilio declarado, sin posibilidad de cambio sin autorización judicial.
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Prohibición de cambiar el número de celular proporcionado al juzgado.
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Obligación de presentarse mensualmente, entre el 1 y el 10, para firmar el libro de comparecencia.
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Prohibición de salir del país.
Estas restricciones buscan asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y prevenir posibles obstrucciones a la investigación.
Imputaciones a miembros de la Asociación de Funcionarios del SNPP
Además, el juez Otazú otorgó medidas similares a Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la Asociación de Funcionarios del SNPP; Wilma Mercedes Cabrera, ex tesorera; y Pedro Adolfo Olmedo Caro, miembro de la misma asociación. Los cargos incluyen lesión de confianza, apropiación indebida, producción y uso de documentos falsos, y prevaricato en calidad de instigador.
Las medidas impuestas a estos imputados son:
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Residencia obligatoria en el domicilio declarado, sin posibilidad de cambio sin autorización judicial.
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Prohibición de cambiar el número de celular proporcionado al juzgado.
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Obligación de presentarse mensualmente, entre el 1 y el 10, para firmar el libro de comparecencia.
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Prohibición de salir del país.
Estas medidas buscan garantizar la continuidad del proceso judicial y evitar la fuga de los imputados.
Detalles del esquema fraudulento
La investigación revela un esquema en el que se descontaban sumas de dinero de los salarios de los socios de la Asociación de Funcionarios del SNPP, supuestamente para el pago de deudas con casas de crédito. Sin embargo, estos fondos no eran destinados a saldar las deudas, y en algunos casos, los socios eran demandados por montos ya cancelados.
El perjuicio económico causado por este esquema asciende a G. 5.541.026.492, afectando a numerosos funcionarios del SNPP. La investigación también involucra al juez de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, y a otros funcionarios judiciales y representantes de casas de crédito.
Implicados adicionales y medidas judiciales
Otros implicados en el caso incluyen a Gustavo Omar Cartes Araújo y María Belén Cartes Berino, titulares de la empresa Presto S.A., quienes enfrentan cargos por producción y uso de documentos falsos. La investigación continúa, y se espera que se determinen responsabilidades adicionales en el transcurso del proceso judicial.
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