Intervenciones municipales bajo la lupa constitucional
La Contraloría General de la República se encuentra en el centro de un debate jurídico tras remitir informes que impulsan pedidos de intervención municipal en Ciudad del Este y Asunción.
El contralor Camilo Benítez defendió el procedimiento afirmando que “no existe ningún impedimento legal para que la Contraloría envíe informes a la Cámara de Diputados”, y que el objetivo es “velar por los intereses de la ciudadanía”.
La polémica surgió luego de que sectores políticos y algunos abogados señalaran que esta actuación podría desbordar las atribuciones del órgano contralor, cuya función, argumentan, es únicamente la de control posterior y no la de promoción activa de intervenciones.
Posturas enfrentadas en la Cámara Baja
En la Cámara de Diputados, el tratamiento de los pedidos generó reacciones mixtas. Mientras algunos legisladores oficialistas respaldaron la medida impulsada con base en los informes de la Contraloría, otros, principalmente del sector liberal y algunos independientes, cuestionaron su legalidad.
El diputado Emilio Camacho, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la Cámara puede actuar por iniciativa propia o a partir de denuncias ciudadanas, pero que es válido que se tengan en cuenta informes de la Contraloría como elementos de referencia.
En paralelo, Leandro Villalba, jefe de Gabinete de la Contraloría, sostuvo que los pedidos no constituyen una interferencia, sino una forma de contribuir al control institucional, dejando en manos del Congreso la decisión final.
Miguel Prieto y Óscar Rodríguez en la mira
Los jefes comunales de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de Asunción, Óscar Rodríguez, están en el centro de los casos analizados. En ambos municipios, la Contraloría encontró presuntas irregularidades que sirvieron como base para las solicitudes de intervención.
Rodríguez es cuestionado por supuestas inconsistencias en licitaciones y ejecución presupuestaria, mientras que Prieto enfrenta observaciones por pagos a funcionarios sin justificación y contrataciones con empresas vinculadas a su entorno político.
Ambos intendentes han calificado los pedidos como ataques políticos y aseguran tener los documentos necesarios para defender sus gestiones ante cualquier instancia que corresponda.
Comisiones investigadoras evalúan pasos a seguir
Las comisiones especiales de la Cámara de Diputados comenzaron la revisión formal de los informes presentados por la Contraloría. Este paso es previo al dictamen que deberá emitir el pleno del Congreso sobre si corresponde o no la intervención de las municipalidades.
El análisis técnico, según informaron fuentes parlamentarias, se centrará en verificar si las supuestas irregularidades constituyen causales de intervención conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Desde la Contraloría insisten en que su papel se limita a facilitar información y actuar conforme a sus atribuciones, sin injerencia en las decisiones políticas o legislativas. La decisión final, remarcaron, corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.
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