Justicia mantiene medida cautelar ante gravedad de la condena
El Tribunal de Sentencia, compuesto por las juezas Adriana Planas, Ana Rodríguez y Jazmín Cáceres, decidió mantener la prisión preventiva de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central. Robles fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, relacionados con el desvío de G. 5.106 millones durante la administración del exgobernador Hugo Javier González.
Argumentos de la defensa y respuesta del Ministerio Público
La defensa de Robles, liderada por el abogado Guillermo Duarte, solicitó la revisión de la medida cautelar, argumentando que la sentencia aún no es firme y que, según el artículo 245 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva debe ser excepcional. Para mitigar el riesgo de fuga, ofrecieron una fianza real compuesta por cuatro inmuebles valuados en un total de G. 5.337.169.000, superando el monto del perjuicio patrimonial atribuido.
El fiscal Jorge Arce se opuso a la solicitud, destacando la gravedad de los hechos y la elevada pena impuesta. Señaló que la situación que motivó la prisión preventiva no ha cambiado y que, aunque la defensa presentó documentos para respaldar su pedido, el Ministerio Público considera que no es procedente sustituir la prisión preventiva por una medida menos restrictiva.
Decisión del Tribunal y fundamentos
Tras evaluar las posturas, el Tribunal concluyó que la elevada pena impuesta y la gravedad de los hechos probados mantienen vigente el peligro de fuga. Se enfatizó que el sistema penal debe garantizar no solo la comparecencia del acusado durante el proceso, sino también el cumplimiento de la condena impuesta. Por ello, se resolvió mantener la prisión preventiva de Miguel Robles.
Detalles del caso y antecedentes
Miguel Robles fue hallado culpable de presentar documentos falsos ante la Contraloría General de la República y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República para justificar el uso indebido de G. 5.105 millones. Aprovechando su posición en la Gobernación de Central durante la gestión de Hugo Javier González, Robles instigó a otros funcionarios a participar en el esquema fraudulento. El Tribunal destacó que estos hechos causaron un perjuicio patrimonial significativo y que la culpabilidad de Robles quedó demostrada más allá de toda duda razonable.
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