Kattya González presenta su cuarto urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia
Ministros rechazan estudiar el caso de la exsenadora
La abogada y exsenadora Kattya González presentó este jueves su cuarto urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, buscando agilizar el tratamiento de su caso. Sin embargo, fue informada por el secretario que los ministros César Garay y Eugenio Jiménez rechazaron integrar la Corte para analizar el expediente. Ahora, el caso fue derivado a la Sala Penal, donde los ministros deberán decidir si aceptan el estudio del caso o se inhiben, como ya lo hicieron los magistrados de la Sala Civil.
Urgencia por una resolución antes del fin de su mandato
Kattya González señaló que este nuevo urgimiento se debe a la lenta tramitación de su expediente, buscando que la máxima instancia tome una decisión antes de que finalice su mandato, como ya ha ocurrido en otros casos similares. La exsenadora enfatizó la importancia de que los mecanismos de contrapeso ante el abuso de poder funcionen de manera correcta, especialmente en casos como el suyo que, según afirmó, tiene implicaciones significativas para la política paraguaya.
«Talibanes políticos» y violencia contra las mujeres
En declaraciones recientes, González criticó duramente a ciertos sectores del poder político, refiriéndose a ellos como «talibanes políticos» y señalando que su destitución forma parte de un esquema de violencia política que afecta principalmente a las mujeres. La exlegisladora acusó al cartismo de estar detrás de una estrategia que involucró a diversas instituciones públicas, comenzando por la Contraloría General de la República.
La lucha por recuperar su banca en el Senado
González busca, a través de esta acción de inconstitucionalidad, recuperar su banca en el Senado, alegando que la resolución que le retiró su investidura fue inconstitucional. El Ministerio Público, en un dictamen emitido por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk, ya se pronunció a favor de la exsenadora, señalando que su derecho al debido proceso y a la defensa fueron vulnerados.
Violación de preceptos constitucionales
El Ministerio Público dictaminó que la Cámara de Senadores no respetó su propio reglamento, al no concederle a González los siete días hábiles que debían otorgarse para presentar su defensa por escrito, además de no alcanzar la mayoría requerida de 30 votos para destituir a un senador. Según la fiscalía, estos errores procesales son suficientes para que se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por González contra la resolución 431 del 14 de febrero.
