En una sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira decidió censurar el veto del intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR) respecto al rechazo de la ejecución presupuestaria de 2023.
Esta decisión refuerza el dictamen que detectó irregularidades en el manejo de los fondos públicos y conlleva la solicitud, por segundo año consecutivo, de la intervención de la administración municipal.
Los concejales se mostraron firmes en su posición, señalando diversas anomalías en la gestión financiera.
Destacaron un aporte de G. 100 millones al Consejo Municipal de Salud sin la debida documentación de respaldo, coincidiendo la emisión del cheque con el día de las elecciones del 30 de abril pasado.
Irregularidades en obras y compras
Otro punto crítico identificado fue la supuesta sobrefacturación de casi G. 124 millones en obras de escuelas financiadas con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Según los informes, Rivas habría añadido adendas por este monto sin informar a la Junta Municipal, levantando sospechas sobre la transparencia de estos procesos.
También se encontraron facturas que registran la compra de seis cubiertas para un tractor que fue reparado recién en enero de 2024, utilizando en realidad cubiertas usadas.
Estas inconsistencias refuerzan las dudas sobre la gestión de los recursos municipales y la veracidad de los reportes presentados.
Acciones legales y administrativas
Ante estas circunstancias, los concejales decidieron solicitar nuevamente la intervención de la municipalidad, remitiendo documentos a varias instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Municipales del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Los votos a favor del rechazo al veto del intendente fueron emitidos por Edgar González (ANR), Adalberto Caballero (ANR), Concepción Martínez (PDA), Roland Villaverde (ANR), Miguel Ángel Domínguez (ANR), Francisco Osmar Martínez (Alianza), Belgrano Cibils (Alianza) y Virgilio Ortiz (FG).
Se abstuvieron Cristhian Sanabria (ANR), Yreneo González (ANR) y Marizol Rolón (ANR), mientras que María Irene Arnold (Alianza) estuvo ausente.
Una denuncia anterior por presunta lesión de confianza debido a irregularidades en el periodo 2022, asignada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía de Encarnación, fue reactivada en abril de este año bajo la supervisión de la fiscala Natalia Fuster, lo que añade presión al actual intendente.
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