Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, ha expresado su preocupación sobre el plan de Santiago Peña para centralizar los recursos de la merienda escolar en el Ministerio de Desarrollo.
Esta propuesta, liderada por el Fondo Nacional de Almuerzo Escolar (Fonae), ha generado división y rechazo entre gobernadores e intendentes.
La iniciativa, que busca gestionar una competencia descentralizada, ha sido vista como una amenaza a la autonomía local y ha provocado acusaciones de favorecer a empresas cercanas al gobierno en contratos que superan los 300 millones de dólares anuales.
La voz de Prieto sobre la centralización de recursos
Prieto, reconocido por su liderazgo joven y su influencia en Ciudad del Este, se ha convertido en una figura clave en la oposición a este proyecto.
A pesar de admitir la falta de fuerza suficiente entre los intendentes para frenar la iniciativa.
Prieto critica la centralización del poder y los recursos, argumentando que el Estado carece de la capacidad para distribuir y llegar efectivamente a todos los distritos.
Además, señala que la mala gestión documental del almuerzo escolar ha dejado en mal lugar a los intendentes y gobernadores, aunque no necesariamente implica un mal uso de los fondos.
Impacto en Ciudad del Este y más allá
En Ciudad del Este, el monto destinado a la licitación para la provisión del almuerzo escolar supera los G. 13 mil millones para este año y 2025, financiado con recursos del Fonacide y la recaudación impositiva del municipio.
Este proyecto busca beneficiar a casi cuatro mil alumnos.
Sin embargo, la centralización propuesta por el Fonae podría alterar esta dinámica, concentrando los recursos y decisiones en el gobierno central.
Lo que ha generado preocupación sobre la eficacia y equidad en la distribución de estos recursos.
La centralización de recursos y la autonomía local
El debate sobre la centralización de recursos en el Fonae continúa, con el Consejo de Gobernadores y Peña buscando un entendimiento.
Aunque el proyecto podría implementarse a partir de 2025, existe una creciente preocupación sobre cómo esta centralización afectará la autonomía y la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades específicas de sus comunidades.
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