Jueza Cibils se defiende y apunta a funcionarios
La causa contra la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, avanzó con su primera declaración en audiencia preliminar, en el marco del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. La magistrada negó responsabilidad directa y atribuyó las irregularidades a funcionarios judiciales.
Declaración de la jueza y su línea de defensa
Durante la audiencia preliminar del 19 de marzo de 2026, la imputada Carmen Analía Cibils prestó declaración ante el juez Rodrigo Estigarribia. La magistrada, actualmente suspendida en sus funciones, rechazó haber tenido conocimiento de irregularidades en los juicios ejecutivos tramitados en su despacho.
En su exposición, sostuvo que la responsabilidad por la falta de notificaciones recaía en ujieres y oficiales de justicia, quienes —según afirmó— son los encargados de dar fe a estas diligencias.
“Ni el juez ni los abogados ni los actuarios podíamos saber que los ujieres y oficiales de justicia no notificaban”, expresó durante su intervención.
También alegó que desconocía que algunos expedientes no eran comunicados correctamente a las partes involucradas.
Acusación fiscal y estructura investigada
El Ministerio Público acusa a la imputada por presunto prevaricato, en calidad de autora, y como cómplice en la producción de documentos no auténticos.
El equipo de fiscales, integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, sostiene que la magistrada habría tenido un rol dentro de una estructura que operaba en juzgados de Paz de Asunción.
Según la acusación, el esquema se basaba en la tramitación de ejecuciones sobre pagarés presuntamente falsificados o manipulados, con resoluciones y notificaciones irregulares que permitían embargos indebidos y beneficios económicos.
Argumentos sobre procedimientos y notificaciones
En su defensa, Cibils explicó que no tenía forma de saber si los abogados presentaban pagarés en más de un juzgado. Señaló además que en 2021 solicitó una auditoría, en la que —según afirmó— no se detectaron irregularidades.
Indicó que incluso propuso mecanismos para evitar duplicidades, como el sellado de pagarés al momento de su presentación, y que esta iniciativa fue comentada al entonces ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia.
La imputada también diferenció entre descuentos directos —realizados por empresas sin intervención judicial— y embargos judiciales, que sí requieren orden del juzgado y tienen límites legales.
Además, insistió en que la falta de notificación no podía ser atribuida a su función, ya que los ujieres y oficiales de justicia son quienes ejecutan esas diligencias.
Situación procesal y posible juicio oral
La causa se encuentra en etapa preliminar. El juez Rodrigo Estigarribia deberá resolver si eleva el caso a juicio oral, tal como solicitó la Fiscalía.
De concretarse, Cibils se convertiría en la segunda magistrada en enfrentar esa instancia dentro del esquema investigado.
El avance del proceso es considerado relevante dentro de las investigaciones sobre presuntas redes de corrupción en el sistema judicial vinculadas a ejecuciones fraudulentas.
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ESTA ES UNA MUESTRA MAS DE LA CORRUPCIÓN, LA INMORALIDAD GENERALIZADA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.EN CUANTO A LA JUSTICIA EL PERJUICIO QUE CAUSA ES ENORME PORQUE NO EXISTE GARANTÍA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.COMO DICE EL TANGO CAMBALACHE LOS INMORALES NOS HAN IGUALADO «