Imputan por estafa digital de USD 500 mil
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, imputó a la responsable administrativa de “Fashion House S.A.” y “Casa Design S.A.” por presunta estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos. El perjuicio estimado asciende a 500.000 dólares americanos.
La imputación y los hechos atribuidos
El Ministerio Público formuló imputación contra la encargada administrativa de ambas firmas como supuesta autora de estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos.
Según el acta, en su carácter de responsable del área administrativa, la imputada habría fraguado de manera sistemática documentaciones vinculadas a egresos pecuniarios correspondientes a rubros laborales. La maniobra, siempre según la Fiscalía, habría buscado inducir a error a los directivos para hacerles creer que se trataba de pagos legítimos.
El presunto mecanismo de desvío
De acuerdo con la investigación, una vez obtenida la aprobación de las transferencias bancarias, los montos eran presuntamente derivados a cuentas particulares de la imputada y a cuentas de personas de su entorno familiar, sin vínculo comercial con las empresas afectadas.
Mediante este mecanismo, se habría ocasionado un perjuicio patrimonial que asciende, hasta el momento, a aproximadamente 500.000 dólares americanos.
El Ministerio Público precisó que la estimación del daño no disminuye el grado de sospecha, ya que continúan auditorías de ejercicios anteriores. En esas revisiones, según se informó, siguen surgiendo desvíos bajo el mismo modus operandi, con las mismas víctimas y la misma supuesta autora.
Sustento legal y situación procesal
La imputación se sustenta en la denuncia presentada, declaraciones testificales, informe policial especializado e informe contable incorporado a la causa.
La conducta fue encuadrada provisoriamente en el artículo 188, inciso 1°, numerales 3 y 4 del Código Penal, modificado por la Ley 4.439/11, y en el artículo 246, inciso 1°, de la Ley 1.286/98, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal.
El fiscal solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación. La imputada quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Hasta el momento, no se informó públicamente su identidad ni eventuales medidas cautelares adoptadas.
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