Patricia Corvalán busca reelección ante la Corte pese a acusación fiscal
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que la habiliten a postularse nuevamente al cargo, mientras enfrenta una acusación por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos públicos.
Impugna el artículo 257 y exige habilitación provisoria
Corvalán accionó directamente contra el artículo 257 del Código Electoral Paraguayo (Ley N° 834/96), modificado por la Ley N° 5376/2014, que limita la reelección de intendentes.
En su presentación, pidió además una medida cautelar urgente para que la habiliten provisoriamente a inscribirse como precandidata y candidata tanto en las internas de la ANR como ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Sostuvo que la interpretación aplicada a su caso resulta “extensiva e irrazonable” porque equipara un mandato municipal incompleto con un período constitucional pleno, lo que —según argumenta— le impide ejercer su derecho a ser electa.
Defiende que no completó dos períodos constitucionales
La jefa comunal recordó que el 25 de marzo de 2018 asumió tras ganar una elección extraordinaria convocada luego de la renuncia del intendente titular durante el período 2015-2020.
Afirmó que solo completó el mandato vacante y que ejerció el cargo aproximadamente tres años, no cinco. Luego, el 10 de octubre de 2021, la eligieron nuevamente para el período 2021-2025.
Según expuso, acumuló ocho años en funciones, es decir, menos de dos períodos constitucionales completos, que equivaldrían a diez años.
En su escrito invocó el Artículo 118 de la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre igualdad de género y derechos políticos de las mujeres, al sostener que la aplicación concreta de la norma vulnera sus derechos políticos.
Enfrenta acusación por G. 1.108.599.918
Mientras impulsa su habilitación electoral, Corvalán enfrenta un pedido de elevación a juicio oral y público por el presunto desvío de G. 1.108.599.918, detectado entre 2017 y 2018.
La acusación fiscal señala que los fondos se canalizaron mediante facturas simuladas y contratos ficticios para construir una vivienda de más de 300 metros cuadrados en el barrio San Vicente de Asunción, registrada a nombre de Blanca Álvarez, madre del diputado Esteban Samaniego (ANR), esposo de la intendenta.
Según la investigación, la empresa BH Service, del acusado Andrés Arrúa Brítez, facturó G. 563 millones, mientras que CX Construcciones facturó G. 545 millones.
En la causa también figuran otros acusados. La audiencia preliminar aún no se realiza debido a recursos planteados por las defensas. En paralelo, el proceso contra el diputado Esteban Samaniego permanece paralizado ante la falta de tratamiento de pedidos de desafuero en la Cámara de Diputados.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si hace lugar a la acción de inconstitucionalidad y si concede la medida cautelar solicitada.
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¿Debe la Corte habilitar su candidatura mientras enfrenta una acusación por desvío de fondos? 🏛️💬
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