Decisión judicial sacude el caso María Fernanda
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva a la fiscala suspendida Gloria Mabel Rojas Cañete, imputada por cohecho pasivo agravado en la causa que investiga un presunto pedido de coima relacionado con el feminicidio de María Fernanda.
El magistrado admitió que existen elementos de sospecha suficientes sobre la existencia del hecho y la posible participación de la procesada. Sin embargo, priorizó su sometimiento voluntario, la falta de antecedentes penales y las garantías ofrecidas para continuar el proceso sin aplicar la prisión preventiva.
La Corte Suprema de Justicia mantiene a la agente fiscal suspendida sin goce de salario mientras avanza la investigación penal.
La imputación por cohecho pasivo agravado
La fiscala Gloria Mabel Rojas Cañete afronta imputación desde el 12 de diciembre de 2025 por cohecho pasivo agravado, en carácter de autora. La acusación fue presentada por la fiscala Marlene González, quien sostiene que la procesada habría exigido dinero a un tercero a cambio de intervenir para lograr una salida procesal favorable en la causa por la muerte de María Fernanda.
Según la imputación, el pedido buscaba asegurar un cambio de calificación jurídica y una salida procesal, a pesar de que el denunciante ya contaba con otro abogado defensor y de que el profesional sugerido no asumiría formalmente la defensa.
El juez Otazú señaló que los indicios recolectados permiten sostener la investigación, aunque resolvió no imponer prisión preventiva en esta etapa.
Restricciones y caución real
Para conceder las medidas alternativas, el juzgado impuso restricciones estrictas. Prohibió a la procesada salir del país, le ordenó firmar mensualmente ante el juzgado, le impidió acercarse o comunicarse con el denunciante y le vetó el acceso a la Fiscalía de Coronel Oviedo.
Además, Rojas Cañete deberá mantener domicilio fijo, no cambiar su número telefónico y cumplir todas las condiciones impuestas, bajo advertencia de revocar las medidas ante cualquier incumplimiento.
Como caución real, el magistrado aceptó un inmueble ofrecido por la madre de la imputada hasta cubrir la suma de G. 200 millones, con el apercibimiento expreso de revisar la medida si se incumplen las obligaciones.
Cómo se inició la denuncia
La investigación se originó a partir de la denuncia de Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de una farmacia e imputado en la causa penal de alto impacto social vinculada al feminicidio de María Fernanda, joven embarazada de 15 semanas, asesinada brutalmente y enterrada aún con vida.
En la causa principal, la Fiscalía procesó a seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años y familiares del mismo.
De acuerdo con los antecedentes, Acosta acudió al despacho de la fiscala Rojas Cañete el 14 de noviembre de 2025, en la Fiscalía de Coronel Oviedo, tras ser citado por la propia agente. Según la denuncia, allí la fiscala le comunicó que sería acusado, pero le indicó que podía “arreglar” su situación, como supuestamente ya lo había hecho otro coimputado.
El monto y la supuesta intermediación
Siempre conforme a la imputación, la fiscala le indicó al denunciante que se comunicara con el abogado Juan Carlos Bedoya. El monto inicial habría sido de G. 20 millones, pero luego aumentó hasta G. 30 millones, más G. 1 millón en concepto de “donación”.
El Ministerio Público sostiene que la fiscala conocía con precisión el monto exigido, circunstancia que —según la imputación— quedó evidenciada cuando la propia agente preguntó si el monto era “treinta” antes de que el denunciante mencionara cifra alguna.
Según la hipótesis fiscal, el dinero se habría solicitado a cambio de garantizar beneficios procesales concretos dentro de la causa penal.
🔗 El Observador – Feminicidio de María Fernanda: Otorgan medidas alternativas a fiscala que habría pedido una coima a procesado
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