Pacto internacional que pone reglas al alta mar
Tras dos décadas de negociaciones, el Tratado de Alta Mar entró finalmente en vigor el 17 de enero de 2026, luego de alcanzar la ratificación de 81 países. El acuerdo busca proteger las aguas internacionales y la biodiversidad oceánica, un territorio clave para el equilibrio climático y ambiental del planeta.
Un acuerdo histórico para dos tercios del océano
El Tratado de Alta Mar, formalmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, apunta a gestionar de manera sostenible las aguas ubicadas a más de 200 millas marinas de la costa.
Estas zonas representan dos tercios de los océanos del planeta y hasta ahora eran consideradas, en la práctica, un espacio sin una gobernanza ambiental clara.
El tratado fue acordado en marzo de 2023, pero recién casi tres años después logró el número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Entre los países que lo aprobaron figuran China, Alemania, Japón, Francia y Brasil, actores centrales del comercio marítimo global.
Proteger el 30% de los océanos antes de 2030
Uno de los pilares del acuerdo es la implementación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, que compromete a los Estados a proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.
Para ello, el tratado establece mecanismos para crear áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales, algo que hasta ahora resultaba extremadamente limitado.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la entrada en vigor como “un logro histórico para el océano y el multilateralismo”. El texto se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vigente desde 1994, pero busca cubrir vacíos legales en materia de biodiversidad.
Reglas comunes para recursos y actividades en alta mar
El Tratado de Alta Mar introduce un marco común para el acceso y uso de los recursos genéticos marinos. Entre sus puntos centrales se destaca el principio de reparto “justo y equitativo” de los beneficios derivados de estas actividades.
Además, fija criterios científicos y procedimientos multilaterales para la creación y gestión de áreas protegidas, e incorpora normas para las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades humanas en alta mar.
Este enfoque permitirá evaluar y limitar prácticas como la minería submarina, así como enfrentar problemas estructurales como la sobrepesca y la contaminación oceánica.
Quiénes quedaron fuera y qué viene ahora
Pese al avance, el tratado todavía presenta ausencias relevantes. Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia no lo ratificaron.
En el caso estadounidense, el acuerdo fue adoptado en 2023, pero el Senado nunca avanzó en su aprobación. Rusia, en tanto, sostiene que busca preservar los marcos de gobernanza existentes y garantizar la libertad de navegación en aguas internacionales.
El próximo paso será la conformación de una Conferencia de las Partes (COP) en la sede de la ONU en Nueva York, prevista para la segunda mitad de 2026 o principios de 2027. Allí se evaluarán los avances y desafíos del tratado.
Para Greenpeace, este paso implica que “la relación de la humanidad con lo que cubre dos tercios de nuestro planeta cambiará profundamente”. Desde WWF, José Luis García Varas lo definió como “una oportunidad sin precedentes para fortalecer la conservación y el manejo sostenible de los océanos”.
En la misma línea, Rebecca Hubbard, directora de High Seas Alliance, afirmó que se trata de “un hito importante para la gobernanza oceánica y el multilateralismo”, y un “pequeño rayo de esperanza” en un contexto global complejo.
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