Movilización y denuncia penal colectiva
Pobladores de Santa Rosa del Aguaray y localidades cercanas confirmaron que este jueves 15 de enero de 2026, a las 08:00, realizarán una movilización en el cruce BARRIO SAN PEDRO, en el Departamento de San Pedro. La protesta apunta al mal estado de las rutas que atraviesan la zona y a la sucesión de accidentes fatales registrados en los últimos meses.
En paralelo, el viernes 16 de enero de 2026 se presentará una denuncia penal colectiva ante la Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Según los organizadores, ya se reunieron alrededor de 200 firmas, y la lista permanece abierta para quienes deseen adherirse.
La iniciativa es acompañada por la abogada Sinthia Ruiz Froez, quien explicó que la presentación busca activar una investigación penal por la presunta responsabilidad estatal ante rutas en condiciones deficientes y sin señalización adecuada.
Accidentes fatales y rutas en estado crítico
La denuncia se apoya en una serie de siniestros viales recientes ocurridos en rutas nacionales del norte del país, particularmente en San Pedro y Concepción. El caso más reciente fue la muerte del médico José Reyes Barboza, de 28 años, ocurrida el sábado 11 de enero de 2026 sobre la ruta PY03, en el distrito de 25 de Diciembre, Departamento de San Pedro. La víctima colisionó de forma violenta contra un ómnibus que transportaba a 30 pasajeros.
Dos días antes, el jueves 9 de enero de 2026, Guillermo Armando Britos falleció junto a su madre en un accidente registrado sobre la ruta PY08, en la localidad de Lima, también en San Pedro. En ese hecho, el estado calamitoso de la ruta aparece como un factor determinante, de acuerdo con los datos preliminares mencionados por los intervinientes.
Ese mismo sábado, dos suboficiales ayudantes de la Policía Nacional murieron tras el vuelco del vehículo en el que se desplazaban, en el Departamento de Concepción. Los reportes indican que el conductor perdió el control al atravesar un tramo con agua estancada sobre la calzada, una situación que se repite en varios puntos del norte del país.
En total, cinco personas murieron en un solo día en distintos puntos, en accidentes que comparten un denominador común: rutas deterioradas, sin mantenimiento adecuado y con riesgos permanentes para los conductores.
Impacto social y reclamo de responsabilidad estatal
Más allá de las cifras de fallecidos, la abogada Ruiz Froez subrayó el impacto social y económico que dejan estos siniestros. “Día a día van muriendo personas; otras quedan postradas en sillas de ruedas, pierden piernas o brazos. Son muchos perjuicios a la calidad de vida y a la seguridad de las personas”, expresó, en declaraciones públicas.
Uno de los casos citados corresponde a una familia del asentamiento TORO PIRÚ, en Guayaybí, San Pedro, que vendió incluso su ganado para cubrir los costos de atención médica derivados de un accidente. “Estas son las consecuencias de lo que va dejando el calamitoso estado de las rutas”, remarcó la profesional.
Según explicó, la denuncia apunta a que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, asuma su responsabilidad en la prevención de siniestros y en la reparación de daños ocasionados por rutas en condiciones peligrosas.
Pedido de investigación a la Fiscalía
Ruiz Froez señaló que el reclamo se ampara en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de las personas a reclamar individual o colectivamente a las autoridades públicas. “Hoy todos estamos afectados y perjudicados por la inoperancia”, sostuvo.
Consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio Público avance con la investigación, la abogada respondió que los fiscales tienen la obligación legal de investigar, aunque admitió que existen deficiencias en el funcionamiento de algunas fiscalías.
Hasta el momento, no se informó oficialmente qué fiscal o unidad quedará a cargo de analizar la denuncia una vez presentada. Tampoco se precisaron plazos procesales ni el alcance inicial que podría tener la investigación penal.
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