Mafia de pagarés: suspenden a jueza de Luque pero Fiscalía no avanza
La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender sin goce de sueldo a la jueza de paz de Luque, Norma Ortiz, quien ya se encuentra enjuiciada de oficio ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuestas irregularidades vinculadas al esquema conocido como la mafia de los pagarés. Pese a los antecedentes y a una auditoría con resultados calificados como alarmantes, el Ministerio Público aún no formuló imputación.
Suspensión sin salario y proceso ante el JEM
La decisión fue adoptada por la Corte Suprema tras evaluar el avance del proceso disciplinario contra la magistrada. En octubre pasado, la Corte ya había dispuesto la suspensión de Norma Ortiz, aunque en aquella ocasión con goce de salario. Posteriormente, el máximo tribunal resolvió agravar la medida y dejarla sin el sueldo base, mientras continúa el trámite ante el JEM.
La jueza está enjuiciada de oficio luego de que se remitieran antecedentes por la sospecha de hechos punibles en la tramitación de juicios ejecutivos dentro del Juzgado de Paz de Luque. Las denuncias apuntan a un esquema sistemático de irregularidades que habría afectado a miles de trabajadores.
Auditoría judicial y hallazgos graves
La Corte Suprema ordenó una auditoría sobre el funcionamiento del Juzgado de Paz de Luque. Los resultados, filtrados en setiembre, fueron considerados alarmantes. Según esos informes, se detectaron múltiples irregularidades en los expedientes tramitados.
Entre los principales hallazgos se consignó que en numerosos juicios no se agregaron los mandamientos de intimación de pago, un requisito básico del debido proceso. Además, se constató la existencia de “notificaciones voladoras”, es decir, actuaciones que figuran como realizadas pero que no habrían sido practicadas conforme a la ley.
Estas prácticas habrían permitido avanzar con embargos e inhibiciones sin que las personas afectadas fueran debidamente notificadas, generando perjuicios patrimoniales de gran alcance.
Funcionarios bajo la lupa
El caso no se limita a la magistrada suspendida. De acuerdo con los antecedentes, otros 18 funcionarios del Juzgado de Paz de Luque están siendo investigados por la Fiscalía y, en paralelo, sumariados por la Corte Suprema.
La sospecha es que el esquema operaba de manera coordinada, facilitando la tramitación irregular de juicios basados en pagarés, algunos de ellos presuntamente falsos o sin respaldo documental suficiente. Esta situación motivó la intervención del JEM y la apertura de enjuiciamientos de oficio.
Investigación fiscal sin imputaciones
Pese a la gravedad de los indicios, la causa penal no muestra avances concretos. En noviembre pasado, el fiscal adjunto Édgar Moreno designó a la fiscala Liz Medina para investigar el presunto esquema de la mafia de los pagarés dentro del Juzgado de Luque.
Sin embargo, hasta la fecha no se formuló imputación contra la jueza Norma Ortiz, ni se informaron decisiones procesales relevantes respecto de los demás funcionarios investigados. Esta inacción del Ministerio Público genera cuestionamientos, especialmente ante la magnitud de los hallazgos administrativos y disciplinarios ya constatados.
Casos emblemáticos de las denuncias
El historial de denuncias contra la magistrada incluye situaciones concretas que reflejan el impacto del presunto esquema. Uno de los casos más citados es el de la docente Zila Zárate, quien permanece inhibida desde hace nueve años y enfrenta la posibilidad de que sus bienes sean rematados, todo en el marco de un proceso sustentado en un pagaré falso, según la denuncia.
Otro antecedente es el de la docente jubilada María Sánchez, quien llegó a registrar ocho embargos en el Juzgado de Paz de Luque, pese a residir en Filadelfia, Chaco. En ese expediente se comprobó la existencia de notificaciones voladoras, reforzando las sospechas sobre prácticas sistemáticas que vulneraron el derecho a la defensa.
Situación actual y puntos pendientes
En el plano disciplinario, la situación procesal de Norma Ortiz es clara: está suspendida sin goce de sueldo y sometida a un proceso ante el JEM. No ocurre lo mismo en el ámbito penal. La Fiscalía aún no definió imputaciones, ni informó pedidos de medidas cautelares, pese a los antecedentes remitidos y a las denuncias acumuladas.
Resta conocer si el Ministerio Público avanzará con imputaciones, qué calificación jurídica se evaluará y si la investigación abarcará la totalidad del esquema denunciado. Hasta ahora, esa información no fue confirmada oficialmente.
🔗 UH – Suspenden a jueza de Luque, pero Fiscalía sigue sin imputar
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