Seguridad del Palacio bajo fuego tras controvertido operativo contra Esther Roa
La aprehensión de la abogada y activista María Esther Roa dentro del Palacio de Justicia, durante la lectura de un pronunciamiento anticorrupción, generó fuertes cuestionamientos al proceder policial y reclamos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia por un presunto abuso de autoridad.
Lectura de comunicado y operativo policial
El 23 de diciembre de 2025, la abogada y activista María Esther Roa, referente de la organización Somos Anticorrupción Paraguay, ingresó junto a otros adherentes a la plazoleta interna del Palacio de Justicia de Asunción para leer un comunicado crítico sobre la falta de transparencia, honestidad e independencia del Poder Judicial.
Según los testimonios recabados, mientras Roa leía el pronunciamiento, intervino el dispositivo de seguridad encabezado por el comisario Mario Ovelar, jefe de Seguridad del Palacio. En ese momento, el uniformado arrebató de manera abrupta la carpeta que contenía el texto y procedió a la aprehensión de la abogada, quien fue trasladada al retén policial del edificio.
Roa permaneció privada de su libertad durante casi una hora y luego fue liberada, tras comunicarse el procedimiento a la Fiscalía. El hecho ocurrió ante la presencia de periodistas, activistas y personas que se encontraban en el lugar por otros motivos judiciales.
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Justificación oficial y reglamentos invocados
El comisario Mario Ovelar defendió públicamente su actuación. Sostuvo que la actividad estaba prevista para realizarse en el exterior del edificio y que el grupo ingresó “de manera camuflada” al interior del Palacio de Justicia. Según su versión, la lectura en voz alta del comunicado constituyó una alteración del orden público.
“No acató las disposiciones”, afirmó el jefe policial, quien argumentó que elevar la voz dentro del recinto judicial vulnera reglamentos internos. Ovelar citó el artículo 32 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 1.066, así como acordadas de la Corte Suprema de Justicia —entre ellas la 254 y la 54— que regulan la permanencia y el comportamiento dentro de la sede judicial.
“Ella es una abogada, es agravante, ella sabe esa situación”, declaró el comisario, señalando que su rol profesional implicaba un mayor conocimiento de las normas vigentes. También afirmó que el procedimiento se realizó para preservar el normal funcionamiento del Palacio, donde “hay miles de funcionarios y usuarios de justicia”.
Testigos, víctimas de la dictadura y repudio público
El operativo fue presenciado por víctimas de la dictadura stronista que participaban del juicio oral contra exrepresores Fortunato Laspina y Eusebio Torres. Este grupo manifestó su solidaridad con Roa y repudió el accionar policial, al considerar que existió una extralimitación de funciones.
La ciudadana Teresita López, una de las testigos, relató que el clima se tornó tenso por la actitud del comisario. “Este comisario está sacado”, expresó, y aseguró que lejos de intentar apaciguar la situación, el uniformado actuó con prepotencia. Según su testimonio, hubo empujones y restricciones arbitrarias al paso de personas dentro de un edificio público.
Las manifestaciones de apoyo a Roa y los reclamos a los policías derivaron en un tumulto que se extendió por varios minutos en la zona de la guardia, mientras los activistas denunciaban amenazas de nuevas aprehensiones por parte de los agentes.
Reclamos a la Corte y antecedentes
Al día siguiente, 24 de diciembre de 2025, se intensificaron los cuestionamientos. Diversas voces reclamaron que los ministros de la Corte Suprema de Justicia exijan el cambio inmediato del comisario Mario Ovelar como jefe de seguridad del Palacio.
Las críticas apuntaron a un patrón de conducta, recordando procedimientos similares atribuidos a Ovelar en actuaciones vinculadas a víctimas de la denominada “mafia de pagarés”. A través de redes sociales y medios televisivos, circularon videos que muestran el momento en que el comisario arrebata el documento a Roa y ordena su aprehensión.
Desde el entorno de la activista sostienen que el procedimiento respondió a una orden directa de la Corte Suprema, a cuyos ministros Roa cuestiona de manera reiterada por su actuación en expedientes judiciales y por una reciente reunión reservada con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Este extremo fue negado oficialmente, pero sigue siendo uno de los puntos de controversia.
Roa había señalado que el pronunciamiento leído sería posteriormente presentado por mesa de entrada de la Corte. Su detención momentánea, en ese contexto, reavivó el debate sobre los límites del derecho a la manifestación dentro de edificios públicos y el alcance de los reglamentos internos frente a garantías constitucionales.
🔗 El Observador – Prepotencia de “jefe de seguridad” no puede ser avalada por ministros que deben pedir su cambio
¿Qué lectura hacés del procedimiento policial contra María Esther Roa dentro del Palacio de Justicia y del rol que debe asumir la Corte ante este tipo de hechos?
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